Después de años de silencio o negativas a los pedidos de la fiscal general Gabriela Boquin, finalmente la jueza Marta Cirulli se decidió a dar un paso adelante en la causa Correo Argentino, de la familia de Mauricio Macri: dispuso intervenir la empresa a raíz de los ocultamientos reiterados de información, que entre otras cosas atañen a pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario de la familia presidencial.
La magistrada nombró a un coadministrador en Correo, una manera parcial de intervenir en el manejo de las cuentas de la empresa concursada.
Al mismo tiempo, se dispuso elevar a la Corte Suprema la causa en la que investigan supuestas anomalías en el acuerdo de pago de un deuda de 70 mil millones de pesos de la firma al Estado nacional, en el marco de un concurso de acreedores.
De todas maneras, la misma jueza aclaró que al nombrar un coadministrador está tomando una medida a medio camino. Tenía otra opción mucho más grave para la compañía y la familia presidencial: intervenir completamente el manejo financiero de Correo y desplazar a los representantes de los Macri del manejo total de las cuentas.
En realidad, la fiscal Boquin ya venía reclamando la designación de un interventor desde 2017. Según sostiene en sus dictámenes, su pedido se debe a que detectó gastos sospechosos que podrían tratarse de un desvío de dinero desde Correo hacia otras empresas de los Macri. Ese dinero debe estar estrictamente controlado para garantizar el eventual pago de las deudas de la compañía. Y por eso, denunció a los administradores actuales por supuesto vaciamiento.
Boquin advirtió gastos sospechosos por $ 35 millones en consultoras, agencias de publicidad, abogados, alquileres, fiesta de fin de año, cargas sociales para otras empresas de los Macri, cocheras y cuatro oficinas para tres empleados y una compañía sin actividad comercial. Sin embargo, el cálculo sería de mínima, ya que la cifra fue resultado del análisis parcial de los libros contables.
La fiscal venía reclamando ante la falta de acceso a los libros de las compañías de los Macri y la escasa documentación e información que habría entregado Correo a la Justicia para justificar sus gastos sospechados. Consta en sus dictámenes ya publicados.
El coadministrador tendrá que cumplir con “las labores a cargo de la sidnicatura controladora, y con las sindicaturas general y verificante” también. Deberá participar en las deliberaciones de la administración y proponer al directorio medidas para reorganizar la estructura. Tendrá que entregar toda la información adeuda. La intervención, por lo pronto, durará 30 días. Todavía no se conoce el nombre del coadministrador/a designado.