Después de las elecciones del 27 de octubre, y si finalmente es electo presidente, Alberto Fernández está dispuesto a avalar las eventuales negociaciones que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lleve adelante con los acreedores de la deuda externa privada, tanto la emitida bajo jurisdicción nacional (unos 35.000 millones de dólares) y extranjera (100.000 millones).
Para esto, el compañero de fórmula de Cristina Kirhcner tiene un mensaje para el Gobierno: para cerrar un acuerdo con los acreedores no es necesario una ley aprobada por el Congreso, incluyendo la que el Ejecutivo envió al Legislativo la semana pasada.
La postura del equipo económico del candidato del Frente de Todos, es que como no se incluye la emisión de nueva deuda para canjear la reperfilada, no es necesario pasar por el Congreso para una negociación con los acreedores. Con esto se puede ganar tiempo y avanzar en la reestructuración de los vencimientos de deudas antes de la asunción presidencial del 10 de diciembre, para que una vez llegada la nueva gestión, el capítulo de la deuda externa privada esté ya cerrado o al menos bien encaminado.
Lo que tiene en carpeta Alberto F. es que Lacunza empiece a tener en cuenta la idea que los fondos de inversión más grandes del mundo le acercaron al candidato y que él consideró viable y coincidente con la visión primaria que desde el principal espacio opositor se tiene del pasivo financiero.
Al respecto, se acepta que no debe haber quitas; pero sí extensiones en los plazos de pago acotando la presión inmediata. Si bien no se habló todavía de plazos, en la mente de los albertistas figura que no haya pagos importantes durante los dos primeros años de gestión (2020-2021), como así tampoco vencimientos importantes que pongan en juego la estabilidad macroeconómica del país.
Y justamente, en el mientras tanto, Argentina podría encarar reformas fundamentales para volver a crecer y generar divisas, y de esa manera garantizarle a los privados el cobro de la deuda.
En tanto, la otra negociación sobre la que quiere avanzar Alberto, una vez definido el próximo presidente, es con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Como primera medida, la idea es esperar a que termine el diálogo lanzado ayer entre el ministro Lacunza y el equipo técnico del organismo financiero internacional que trata el caso argentino. El objetivo apunta a seguir de cerca qué es lo que el Gobierno define con los técnicos del FMI y, en paralelo, empezar un diálogo con el organismo, ya con Alberto Fernández como presidente electo.
Desde el Frente de Todos, destacan que Alberto quiere repetir la experiencia que en 2003 protagonizó, él como jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, junto con el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y su viceministro Guillermo Nielsen, cuando discutieron durante tres meses con los enviados de entonces del Fondo un acuerdo para salir del default con el organismo.
Aquellas discusiones terminaron con un acuerdo de extensión de los plazos sin la aprobación de nuevos desembolsos; tratado que se anunció en septiembre de ese año. Luego, el 3 de enero de 2006, Néstor Kirchner anunciaba el pago cash de unos 9.810 millones de dólares, cerrando la historia de acreencias del país con el FMI hasta abril del 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri contrajo una deuda por 57.000 millones de dólares.