En el medio del debate presidencial, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, miró al presidente Mauricio Macri y mando un mensaje contundente: “El día que deje el gobierno lo esperan más de cien causas donde está siendo investigado”.
A partir del 10 de diciembre, el ex presidente será investigado por gravísimos casos de corrupción, tanto él como sus funcionarios. Las causas abarcan desde el Correo Argentino , que data de 2001, los parque eólicos, la venta de la autopista del Ausol, la empresa más grande de peajes y la venta de Macair a Avianca, con la excusa de entregarle 36 rutas aéreas o el blanqueo a sus hermanos.
La causa del Correo es sin lugar a dudas el principal escándalo de la familia Macri. La deuda del grupo familiar con el Estado es como mínimo de 4.800 millones de pesos. El presidente intentó no pagar pero la fiscal Gabriela Boquín se opuso y hoy la causa la tiene el juez Ariel Lijo e investiga al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, al director de Asuntos Jurídicos, Jaime Cibils Rorirosa y al apoderado del grupo Macri, Jaime Kleidermacher. Se los investiga por los delitos de incumplimientos de los deberes de funcionario publico y negociaciones incompatibles con la función publica.
La segunda estafa es con las maniobras de la venta de las autopistas con el aumento de tarifas y la venta de acciones. Se investiga una maniobra previa a la venta de las acciones de Ausol -la que maneja la Panamericana-, empresa en la que el Grupo Macri tenía el siete por ciento. Como en el Correo, Macri estaba de los dos lados del mostrador: en la empresa y en el estado.
Según denunciaron los diputados Tailhade, Moreau, Grana y Castagneto, pocos días antes de asumir Macri, se armó a las apuradas una denuncia ante el CIADI, tribunal internacional del Banco Mundial, reclamándole al estado nacional la suma de 1.100 millones de dólares por atrasos tarifarios.
El gobierno de Macri accedió a pagarle a la empresa del Grupo Macri una reparación de 499 millones de dólares y utilizó la negociación del conflicto para concretar la renovación del contrato de peajes en la Panamericana, que era el verdadero objetivo.
La otra estafa, por la cual el presidente visitará Tribunales, es la operación de venta de Macair (Macri Air) presenta ilegalidades e irregularidades por donde se la mire.
El grupo Macri vendió la aerolínea sabiendo que el mismo gobierno de Macri le adjudicaría rutas, que es un activo para cualquier línea aérea. En total se le adjudicaron 36 rutas por 15 años. El gremio de pilotos explicó que la venta se hizo por 10 millones de dólares, cuando Macair tenía sólo tres o cuatro aviones valuados, en total, en 1.200.000 dólares. El resto del valor tenía que ver con las rutas. Parece cantado que cuando se concretó la operación, en octubre de 2016, ya había una promesa de que se le otorgarían rutas, cosa que ocurrió en febrero de 2017.
En enero de 2018, se hizo la denuncia de que el Grupo Macri se quedó irregularmente con 48 millones de dólares en un pase de manos con parques eólicos. La causa la instruye el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal es Eduardo Taiano. Hasta ahora no fue indagado nadie.
La empresa española Isolux Corsan, socia de los Macri en varios negocios, había ganado licitaciones por seis parques eólicos en Chubut durante el gobierno anterior. Sin embargo, estaba en crisis por las denuncias de corrupción en España. En la Argentina, había incumplido los compromisos de avanzar en los parques y sólo desarrolló uno, Loma Blanca IV. Para concretar el pase de manos, el histórico contador de los Macri, Mariano Payaslían, armó una serie de sociedades, tal como reveló en su momento la periodista Emilia Delfino, de Perfil. Esas sociedades compraron los parques eólicos en 25 millones de dólares.
Poco después, en 2017, Loma Blanca I, II, II se le vendieron a una empresa china, Goldwind, en 33 millones de dólares, mientras que Loma Blanca IV se vendió a una empresa del banquero Jorge Brito en 40 millones de dólares. Por la situación de créditos que tenían los españoles y por los términos de los pliegos, la venta de los parques requería autorización del Banco Nación y de Enarsa, ambos dependientes del gobierno. La falta de inversión también debió traducirse en la pérdida total de derechos de Isolux y la devolución de los parques al estado. Lo concreto es que la venta se permitió y en el pase de manos, el Grupo Macri se quedó con 48 millones de dólares.
A esta situación se sumó otra jugarreta. Isolux volvió a ganar una licitación en octubre de 2016 y consiguió los parques eólicos Miramar y Loma Blanca VI, también en Chubut. Las adjudicaciones fueron objetadas hasta por el ex ministro Juan José Aranguren, pero igual siguieron adelante. Lo cierto es que también esos parques fueron vendidos a sociedades vinculadas a Payaslian y terminaron en manos de la empresa china Goldwind. No se sabe cuándo dinero le quedó al Grupo Macri en esta última maniobra.
Hay otras causas como el escándalo conocido como Panamá Papers, la filtración que sacó a la luz a miles de sociedades armadas por el estudio panameño Mossack Fonseca y que luego se usaron para mover dinero negro en paraísos fiscales. Esperaban encontrar sociedades y cuentas K, pero resulta que encontraron sociedades y cuentas M. En total, aparecieron unas 50 sociedades vinculadas a la familia Macri.
La otra causa que dará que hablar es el blanqueo de los familiares de Mauricio Macri y los demás funcionarios del gobierno, algo que el presidente modificó por decreto. La ley no impedía, igualmente, el blanqueo de los hermanos. Sin embargo, varias cosas resultaron llamativas de los 622 millones de pesos blanqueados por Gianfranco Macri, hermano presidencial. En primer lugar, la desproporción con los bienes declarados por el mandatario, apenas 126 millones de pesos, o sea que Mauricio -mucho más importante que Gianfranco en las empresas- resultó ser infinitamente más pobre que su hermano.
Al mismo tiempo, Gianfranco le admitió al Consorcio Internacional de Periodistas que junto con otro hermano, Mariano, ocultaban cuatro millones de dólares, unos 170 millones de pesos a valores actuales, en la B.F. Corporation de Panamá, con cuenta en Suiza. El dinero había estado escondido en Hamburgo, pasó al país helvético y luego los hermanos aprovecharon el blanqueo.
Por último, el Grupo Macri, a través de la empresa Iecsa, se adjudicó una de las obras más importantes del país: el soterramiento del Sarmiento. El pliego incluía que el consorcio ganador debía garantizar el financiamiento, pero la alianza Odebrecht, Iecsa, la española Comsa y la italiana Ghella no consiguieron el dinero. Macri salió al rescate con un decreto de necesidad y urgencia, derivando 40.000 millones de pesos para financiar la obra.
Info publicada en Página 12