En su primera conferencia como gobernador electo, Axel Kicillof adelantó cómo planea gobernar y tiró algunas definiciones fuertes, que no había usado en campaña, para diferenciarse de la actual gobernadora María Eugenia Vidal: aseguró que no habrá persecución a los periodistas ni a los jueces.
“Este no va a ser un gobierno de agravios ni de persecución mediática ni judicial como se vivió en estos años, no lo va a ser porque no creemos en eso, hemos escuchado expresiones de la Suprema Corte de la provincia, dijimos que en campaña no queríamos hacer campaña sucia, pero es muy preocupante”, señaló el gobernador electo.
Luego consideró que la justicia “debe tener total respaldo para recuperar la confianza de los ciudadanos, para que nadie crea que hay manipulación sobre la justicia o que se usa para hacer política sobre los adversarios u opositores”. Y aclaró: “son definiciones que fuimos jalonando en la campaña pero que es importante dejar en claro hoy”.
Kicillof se metió de lleno así en uno de los capitulos más espinosos de la gestión Vidal: las denuncias de jueces y fiscales provinciales por las presiones que ejerce el procurador general Julio Conte Grand, quien llegó al cargo de la mano de la gobernadora y quien no pretende dejar el cargo en diciembre.
Los “aprietes” que fueron denunciados públicamente incluso por la Asociación de Magistrados de La Plata sumaron un nuevo capítulo la semana pasada cuando, durante un alanamiento a la oficina de la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía -que depende del Ministerio de Seguridad bonaerense a cargo de Cristian Ritondo- se encontraron pruebas que demuestran que al menos una fiscal y su familia fueron víctimas de espionaje ilegal.
A todo esto se suma, además, el intento del Vidal de nombrar a 42 jueces y fiscales a menos de dos meses de dejar el poder. Dos de esos lugares están en el Tribunal de Casación Penal, la máxima instancia en materia penal de la provincia que tiene a su cargo y donde recaen por ejemplo las causas por corrupción. La gobernadora propone para ese lugar a Francisco Pont Vergés, un funcionario de Conte Grand, denunciado por violar los DD.HH.