La reforma integral en los tribunales de Comodoro Py ya está en marcha, por lo que en ese ámbito se encendió una luz de alerta, más allá del momento en que formalmente los anunciados cambios en el universo judicial se corporicen en un proyecto de ley que tendrá que debatirse en el Congreso.
Quienes conocen de cerca el funcionamiento de esos tribunales -que en los últimos años se convirtieron en una especie de territorio intocable-, destacan que el plan que se viene apuntará a poner en práctica transformaciones profundas en la lógica de su funcionamiento, y que buscará atacar la matriz de funcionamiento del fuero más político desde sus entrañas para, de esa manera, diluir el poder de los jueces federales de Retiro.
Según revela hoy el periodista Gabriel Morini desde Ámbito.com, el principal indicio que interpretan no es sólo la nominación de Daniel Rafecas como Procurador General, sino la cobertura de cargos con injerencia judicial que tienen línea directa con Cristina Kirchner, por lo que se animan a pronosticar que la reforma en cuestión será encabezada por la vicepresidenta.
En líneas generales, el plan se remonta a una vieja idea de unificar los tribunales federales de Comodoro Py y el fuero Penal Económico, divididos en lo que se reconoce como una especialidad de la Justicia federal, que ya tenía la especialidad penal tributaria entre sus atribuciones.
Al respecto, se destaca que no habría dificultad en reconocer como federal al Penal económico, algo que internamente es ya reconocido en su materia federal. El resultado sería que se duplicarían los juzgados federales de instrucción: de 12 (con al menos dos vacantes por delante) para pasar a ser 23, lo que modifica totalmente uno de los aspectos más cuestionados respecto de los sorteos para asignación de causas.
También duplicarían la cantidad de salas de Cámara, transformándolas en cuatro y llevando a los Tribunales Orales Federales de 8 a 12, en total. Eso generaría el efecto de diluir el poder de los jueces, uno de los elementos clave a considerar en el diagnóstico que la política hace del manejo de la Justicia.
Sin embargo, no considera que el Penal económico es uno de los fueros que también se encuentran en relación directa con el accionar de servicios de inteligencia, sobre todo en lo relativo a contrabando, Aduanas y narcotráfico, uno de los cuestionamientos principales de Fernández.
Y por otro lado, la idea del Gobierno del Frente de Todos es acelerar al máximo la implementación del Código Procesal Penal para que llegue a los tribunales de Retiro en un plazo máximo de dos años, un lapso crucial para que se considere acelerada la delegación de las investigaciones en manos de los fiscales, y que se relegue a los jueces a garantizar la legalidad del proceso, sin el poder e injerencia que hoy detentan.