Macri y sus ex funcionarios, en estado de pánico: mientras creían en la impunidad eterna, se suman causas judiciales que los comprometen

El macrismo no sólo se imaginó cuatro años más en el poder, sino que, convencidos como estaban en ese espacio de que la impunidad que gozaron gracias al blindaje mediático y la “ayuda” de la Justicia, se garantizaban tiempos de “no castigo”. Sin embargo, y a la luz de los resultados electorales, quedó claro que no habían evaluado que tarde o temprano deberían hacer frente a las consecuencias de tantas operaciones y manejos no del todo transparentes.

El caso más emblemático está dado por los tribunales federales de Comodoro Py, donde se suman las demandas contra dirigentes vinculados al gobierno de Mauricio Macri, ante las burdas irregularidades de las que fueron o son objeto.

De esta manera, en ámbitos judiciales ya empiezan a reconocer que estos avances -por ahora lentos, pero seguros y contundentes-, se están convirtiendo en un dolor de cabeza para los ex funcionarios, empezando por el ex presidente, y siguiendo por ministros o secretarios que lo acompañaron durante su gestión.

Por ejemplo, en este contexto que algunas voces macristas definen como la revancha de los K, el empresario Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa denunciaron a Macri y a un grupo de ex funcionarios por haberlos “apretado” para obligarlos a vender el Grupo Indalo (C5N y Radio 10, entre otros medios) a distintos empresarios cercanos al gobierno saliente, tal como lo señalaron en todas sus declaraciones ante la Justicia.

En esa causa ya fueron imputados Macri y hombres de su confianza, como José Torello, Nicolás “Nicky” Caputo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, Mario Quintana, el ex ministro de Energía Javier Iguacel, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, así como los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova.

Otra cuestión sensible para el ex gobierno es el llamado “D’Alessiogate”, tramitado en los tribunales de Dolores, y en el que se investigan vínculos y una serie de extorsiones por parte de funcionarios judiciales y espías. El principal acusado en ese expediente es el falso abogado Marcelo D’Alessio, pero también el fiscal federal Carlos Stornelli -que investigó la causa de los cuadernos-.

El juez Alejo Ramos Padilla aceptó como querellante en ese expediente a ex funcionarios kirchneristas que están procesados en distintos casos que se tramitan en Comodoro Py, como Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación.

Otra de las causas que mantienen en alerta a ex funcionarios del macrismo es impulsada por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que reactivó en los últimos meses una causa iniciada en 2017 por una denuncia para investigar si dentro de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se habían ejecutado maniobras de espionaje ilegal, y que en los últimos años no había tenido movimientos,

En tal sentido, el magistrado activó medidas de prueba para determinar si los organismos de control del gobierno de Macri, como la AFIP y la UIF, accedieron a información sobre jueces federales, gobernadores y políticos. Pero Canicoba Corral incluyó su nombre en el listado de consultas, con el fin de identificar quiénes accedieron a sus datos migratorios.

Por otra parte, el sindicalista Omar “Caballo” Suárez, detenido durante casi cuatro años por la supuesta extorsión a empresarios, es otro de los dirigentes que volvieron a la carga en los tribunales.

El ex líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) denunció al ex ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y a la interventora del Poder Ejecutivo en el gremio, la senadora Gladys González, por administración fraudulenta y defraudación durante la intervención del SOMU.

El juez Luis Rodríguez le tomó declaración testimonial a mitad de año a Sandra Heredia, la ex empleada de Triaca que lo denunció por maltrato, que ratificó ante el magistrado la hipótesis del denunciante sobre el vaciamiento del SOMU.

Días atrás, antes de la feria judicial, Rodríguez ordenó al Ministerio de Trabajo brindar detalles sobre cómo había sido el proceso de intervención en el SOMU y también requirió las cuentas bancarias del sindicato y la obra social al Banco Nación para revisar los movimientos durante la intervención.