El ministro de Salud, Daniel Gollán, y las ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, anunciarán mañana la adhesión de la provincia de Buenos Aires al protocolo de aborto no punible.
La decisión, que ya había sido anticipada por Gollán, se dará en espejo a la tomada por el gobierno nacional el pasado 12 de diciembre y significará un avance para la provincia luego de que la ex gobernadora María Eugenia Vidal diera marcha atrás con la adhesión en 2016. La resolución será anunciada mañana a las 11 en el Ministerio de Salud bonaerense.
El protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) establece básicamente una guía de actuación obligatoria frente a los casos de abortos no punibles contemplados por el artículo 86 del Código Penal y el fallo de la Corte Suprema de la Nación del año 2012. Ese dictamen estableció que no es necesario pedir autorización judicial para practicar el aborto cuando se trate de esos casos.
“La ILE no solo es una cuestión sanitaria con la que uno acuerda, es un mandato de la Corte Suprema. Cada mujer que se muere por no poder acceder a un aborto seguro duele”, sostuvo Gollán al adelantar que la decisión era imitar al gobierno nacional y dar una vuela de página en el historial de la provincia en materia de aborto no punible.
El protocolo ILE fue aprobado y luego derogado en la provincia por el gobierno de María Eugenia Vidal. En octubre de 2016, la ministra de Salud, Zulma Ortiz, firmó una resolución que adhería al Protocolo elaborado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de Nación en abril de 2015. La resolución disponía que el protocolo nacional de abortos no punibles sea de aplicación obligatoria en la provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, diez días después, la gobernadora decidió no publicar la resolución 2095 del Ministerio de Salud en el Boletín Oficial y dio marcha atrás. El rechazo se decidió por un pedido expreso del Secretario Legal y Técnico, Julio Conte Grand, hombre del Opus Dei, y hoy Procurador bonaerense. Luego del escándalo, la gobernadora intentó justificar que “el tema era complejo, por lo cual le iba a pedir a otras áreas que lo estudien”. La realidad es que nunca se aprobó, poniendo en riesgo la vida de miles de mujeres bonaerenses.