Mauricio Macri, la ex titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Laura Alonso, y el ex presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, fueron denunciados penalmente hoy por el irregular préstamo de más de $ 18.000 millones que la entidad financiera estatal le otorgó a la empresa agroexportadora Vicentín durante la gestión de Cambiemos.
La acusación concreta es por “defraudación contra la administración pública”.
La presentación fue realizada por Fernando Míguez, líder de la “Fundación por la Paz y el Cambio Climático”, ante el Juzgado Federal Nº 9 de CABA, pero es posible que también intervenga la Justicia Federal de Santa Fe. El encargado de llevar adelante el expediente será el juez Luis Rodríguez.
En la denuncia también se incluye a Leandro Cuccioli y su par al frente de AFIP, Jimena de la Torre; Guido Sandleris -ex titular del Banco Central- y Mariano Federici, ex titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Las irregularidades a investigar ahora por la Justicia son: por qué se vulneraron las reglas de control que rigen para el otorgamiento de este tipo de créditos; por qué no fue votado ni firmado por el directorio del Banco Central, sino solo por algunos gerentes; por qué una empresa que no cumplía con pagos estaba mejor calificada de lo que correspondía; y por último, cuál fue el destino final del millonario préstamo.
En tanto, se está preparando también una denuncia que será presentada en conjunto por el Banco Nación, Banco Provincia, Banco Hipotecario y otras entidades públicas, contra Vicentín, la principal aportante para la campaña por la reelección de Mauricio Macri, con $ 13 millones.
Las nuevas autoridades del Banco Nación iniciaron un sumario administrativo luego de detectar que durante la gestión de Cambiemos el Banco Nación le otorgó préstamos por $18.700 millones a la firma agroindustrial, que se declaró en “estrés financiero” el 5 de diciembre pasado, sin que hasta el momento la empresa haya presentado propuesta de pago alguna.
El vocero de la entidad bancaria, Sergio Resumil, relató que al asumir la nueva conducción “se hizo un análisis de la situación y se advirtió la existencia de este crédito llamativo por los volúmenes y que no se habían cumplido las mejoras prácticas en su otorgamiento. Entonces se dispuso iniciar un sumario administrativo”.
Según detalló, la deuda por los préstamos, que tuvieron lugar durante la gestión de Javier González Fraga, fue renegociada varias veces ante las irregularidades en los pagos y luego se fue ampliando por la evolución del tipo de cambio. “En estos casos el banco activa unos controles que acá no se activaron”, añadió.
“La empresa estaba en categoría 1, es decir que aunque estaba incumpliendo sus pagos era considerada una empresa normal. Se la pasó a categoría 4, que significa que tiene alta probabilidad de incobrabilidad, el paso previo a la quiebra o a una convocatoria de acreedores”, agregó.
Resumil afirmó que desde ese momento “se suspendió el flujo de recursos a la empresa”, pero la preocupación radica en que hasta el momento Vicentin no presentó al banco ninguna propuesta de pago: “Lo que ocurre habitualmente es que abran una vía de negociación con su cadena producción o entidades financieras. Pero no se advierte ninguna voluntad. En 2018 facturó 118.000 millones, es decir que la deuda era el 15% de esa facturación. Para el banco no es grato que una empresa quiebre, pero estamos obligados a proteger nuestros activos, porque tenemos ocho millones de clientes”.