Alineado con la corporación judicial, Juntos por el Cambio está en contra de poner fin a las jubilaciones de privilegio

Demostrando contradicciones internas y su alineamiento con la llamada “corporación judicial”, el interbloque de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados anunció que no dará quórum para la sesión en la que el Frente de Todos busca debatir hoy el proyecto referido a las jubilaciones especiales de la Justicia, y advirtió que los que den número serán “cómplices” y que “el oficialismo pretende cooptar al Poder Judicial disfrazándolo de una ley anti-privilegios”.

Esta tarde, la iniciativa se tratará en el Congreso, previa advertencia de Cambiemos para no dar quórum, y después de que el oficialismo aceptara cambios al texto sobre las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos en el plenario de comisiones de la Cámara baja.

Por estas horas la bancada del Frente de Todos trabaja contrarreloj, y no descarta presentar modificaciones al texto original de la iniciativa, mientras discute con la oposición la incorporación de una cláusula temporaria que aclare el resguardo para los magistrados que ya cumplen con los requisitos para jubilarse y evite una “catarata de renuncias”. Según el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, “puede haber entre 100 y 150 renuncias”.

En tanto, en pleno debate por la modificación de las denominadas jubilaciones de privilegio de jueces, fiscales y diplomáticos, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio manifestó su “preocupación por el avasallamiento del Poder Judicial” por el que, según ellos, el Gobierno busca “vaciarlo” para “colonizarlo” con magistrados propios.

En tal sentido, sostuvieron que “mediante la excusa del proyecto de regímenes especiales se esconde el verdadero objetivo: vaciar de jueces y fiscales los estamentos judiciales y colonizarlo con jueces propios”. Por eso, manifestaron que defenderán “con firmeza y claridad los principios de la división de poderes y el valor de la República”.

Lo que resulta al menos llamativo y contradictorio, es que hace dos meses el interbloque de Juntos por el Cambio cuestionó fuertemente al oficialismo “por ocultar que regímenes especiales quedaban fuera del congelamiento de la movilidad jubilatoria”, y “rechazó que la misma se aplicara a algunos jubilados excluyendo a los beneficiarios de regímenes especiales como diplomáticos y jueces, entre otros privilegiados”.

En el inicio del debate en Diputados, desde el Poder Ejecutivo defendieron la medida, mientras que representantes de los funcionarios judiciales buscaron frenarla o modificarla, bajo la amenaza de una eventual paralización de la Justicia por la catarata de renuncias que habría en caso de aprobarse la ley.

Entre los argumentos expresados en el plenario de Comisiones que se llevó a cabo en Diputados, los magistrados advirtieron que se vería afectada la seguridad jurídica para los acreedores e inversores extranjeros. “Si el Constituyente le dio al Poder Judicial ciertos beneficios, por algo habrá sido”, lanzaron.

Según los jueces, el fin de los privilegios va a dejar un Poder Judicial “devastado” y significará “el fin de la carrera judicial”.

Uno de los argumentos más insólitos que se escucharon durante el debate hizo hincapié en la falta de seguridad jurídica que podría generar el cambio. El fiscal de Comodoro Py, Raúl Plee dijo que está en juego la “seguridad jurídica para los acreedores y a los inversores externos”. Marcelo Gallo Tagle, de la conservadora Asociación de Magistrados fue incluso más allá, al afirmar que el privilegio se debe mantener porque “estamos generando una inseguridad jurídica enorme con la gente que quiere venir del exterior a invertir al país, con los que quieren dar trabajo”.