“A mí no me gusta que salgan los asesinos y los violadores a la calle. Y al presidente tampoco. Somos gente de criterio, somos gente que conocemos el derecho y entendemos lo que les pasa a las víctimas”. Así, contundente, lo dijo la ministra de Justicia, Marcela Losardo, al referirse al debate por las prisiones domiciliarias en el contexto de la pandemia por el coronavirus.
En declaraciones a radio Mitre, la funcionaria pidió no “magnificar las cosas”, e informó que desde el 1° de marzo hasta el 21 de abril último hubo 320 presos que recibieron distintos beneficios en virtud de la emergencia sanitaria.
Y explicó que de esas 320 personas que las define el Poder Judicial, desde el Servicio Penitenciario Federal solicitaron las listas de todos los detenidos con sus características: delitos no violentos, de escasa agresividad, personas condenadas a no más de tres años, que estén en condición de salir, o de tener la libertad condicional o libertad asistidas, mujeres embarazadas o encarceladas con hijos, dando cumplimiento a la ley de protección de víctimas.
Al ser consultada por casos puntuales, como el del represor de la ESMA que fue beneficiado con domiciliaria o el del violador al que le autorizaron residir a metros de su víctima, Losardo contestó: “Hay que ver cada situación en particular y hacerle estas preguntas a la persona que tomó la decisión, pero no le preguntemos al presidente o a los miembros del Poder Ejecutivo”.
En este sentido, la ministra recordó que el Poder Ejecutivo no puede ni detener, ni meter preso ni sacar preso a nadie. “Todos entendemos que hay situaciones de gente detenida que según lo que defina el Poder Judicial pueden cumplir su condena en un arresto domiciliario. Son decisiones que no podemos juzgar nosotros. Lo que sí podemos hacer es ayudar al Poder Judicial de alguna manera mediante tobilleras”, y aclaró que “hay dispositivos” para el monitoreo.
“Alberto Fernández no es un presidente que esté pensando en liberar presos”, insistió Losardo, y aclar que otros países también están tomando esta decisión, siguiendo las recomendaciones de la OMS. “En Brasil directamente fueron liberados 4 mil y 8 mil en España”.
Finalmente, la ministra negó que haya algún tipo de interna en el Ministerio de Justicia con sectores cristinistas. “Nosotros no tenemos ninguna crisis, trabajamos (todos) conjuntamente. No creo que haya ninguna situación que haya colocado ni al presidente ni a mí, ni que afecte mi trabajo diario. Podemos tener distintas miradas, venimos de distintos lugares, pero todos seguimos la línea del presidente”, concluyó.
Ayer, Alberto Fernández denunció una “malintencionada campaña mediática” en contra de su gestión, “para hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales”. El mandatario advirtió sobre el foco de contagio que representa el hacinamiento en las cárceles y recordó que organismos internacionales dieron recomendaciones de prevención ante la pandemia, pero resaltó que en la Argentina “la solución del problema está en manos de los tribunales”
“Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto”, inició el presidente un hilo de declaraciones a través de su cuenta en Twitter frente al creciente debate mediático.
“La Argentina, como todo el mundo, enfrenta una pandemia de enormes proporciones. El riesgo de contagio se potencia en los lugares de mucha concentración humana por lo que las cárceles se convierten en un ámbito propicio para la expansión de la enfermedad”, contextualizó el presidente respecto de una situación crítica que eclosionó tras los motines de Florencia Varela y Devoto.