Luego que el gobernador Axel Kicillof dijera en conferencia de prensa que el mayor responsable de la liberación de violadores y asesinos fuera el procurador Julio Conte Grand, después de haber firmado una resolución el pasado 18 de marzo aconsejando a fiscales y defensores evaluar prisiones domiciliarias, sin aclarar que debía excluirse a los que purgaban condenas por delitos graves.
La derecha más rancia, la que se ofende porque la vicepresidenta nombra al operador macrista Juan Bautista Mahiques, salió en defensa del hombre de la ex gobernadora Vidal y miembro del Opus Dei. En su editorial de hoy, Joaquín Morales Solá, en el diario La Nación, afirma que “el cristinismo viene trabajando para desestabilizar a Conte Grand”.
En realidad, desde antes que asumiera Kicillof, el Frente de Todos viene pidiendo la renuncia de Conte Grand. La actual ministra de Gobierno Teresa García, antes senadora, pidió la renuncia del Procurador por su falta de objetividad. “Mi postura viene de antes, ya que el Procurador fue quien intentó impulsar la candidatura de Pont Vergés a Casación Penal”. Luego recordó la apretada a jueces.
Paralelamente, al gobierno de Kicillof, el gremio judicial de la Asociación Judicial Bonaerense, reclamó que el Procurador conforme una mesa de trabajo para regular el teletrabajo y acordar medidas de prevención contra el Covid-19.
En la presentación, el gremio le reclama a Conte Grand la apertura de ámbitos de diálogo paritario para garantizar el cuidado de la salud y la protección de los derechos laborales de las y los empleados y funcionarios del Ministerio Público.
En particular, el gremio judicial exige la constitución de una mesa de trabajo donde debatir la regulación de las modalidades de teletrabajo, dando continuidad al proceso que permitió la firma del convenio con la Suprema Corte para el ámbito de Administración de Justicia el pasado 25 de abril.
“El Procurador General tiene la obligación de habilitar espacios paritarios con la AJB para poner en debate el conjunto de las condiciones laborales en el Ministerio Público, lo que se torna urgente en el contexto particular de la emergencia sanitaria”, manifestó Pablo Abramovich, secretario General de la AJB.
Por su parte, en la presentación también se reclama la participación de la Procuración General en el comité de crisis con la AJB y la Suprema Corte, donde se establezcan mecanismos mixtos de control para evitar el incremento del personal presencial y donde se realice un monitoreo permanente de la provisión de insumos de limpieza, higiene personal y del avance de otras medidas de seguridad a adoptarse.
La necesidad de llevar a cabo un control por parte del sindicato del trabajo presencial en el ámbito del Ministerio Público obedece a la decisión del Procurador de delegar la determinación del esquema de guardias mínimas en Fiscales y Defensores Generales, quienes a través de los denominados “planes de contingencia” vienen definiendo de manera diversa -y en algunos casos irresponsable- la cantidad de empleados y funcionarios necesarios para el funcionamiento de las dependencias en el marco de la pandemia.