El diputado del FR en TODOS, Germán Di Césare, impulsó un proyecto de ley que propone la creación de un programa para pequeños productores alimenticios “con la firme convicción de dar respuestas concretas y efectivas para la reactivación de las economías locales”, explicó el diputado.
La ley propone la creación de tres figuras: las Pequeñas Unidades Productivas Alimenticias (PUPAS), el Registro Provincial de estas unidades productivas (RePUPAS) y la creación de un Consejo Asesor de acompañamiento y capacitación, para que se asegure la correcta fabricación, comercialización y consumo de productos de bajo riesgo epidemiológico según los parámetros del Código Alimentario Argentino para salvaguardar la salud de la población y de los pequeños productores alimenticios al estar contemplados los parámetros bromatológicos.
“El programa PUPAS permite que pequeños productores de alimentos que se encuentran en la informalidad puedan contar con un respaldo para hacer su actividad de manera segura para ellos y para quienes los consumen”, resaltó Di Césare.
Al mismo tiempo busca un eficaz registro de estos productores alimenticios para poder contar con información precisa de sus particularidades, dimensiones y productos elaborados para afianzar los procesos de acompañamiento y así trabajar en el valor agregado en origen que se pueda aportar.
“Buscamos regularizar una actividad que, de hecho, existe pero que queda invisibilizada en el plano formal por la imposibilidad de cumplir con las mismas condiciones que se les exigen a los productores de gran escala”, explicó el legislador massista.
Estas iniciativas se aplicaron con muy buenos resultados en algunos municipios, pero lo que se busca es lograr una legislación provincial que permita a los pequeños productores desarrollarse a nivel provincial y así ampliar el espacio disponible para la venta de productos.
Teniendo en cuenta la dificultad que muchas veces presentan los productores de pequeña escala para acceder a la asistencia técnica, también se propone la creación de un Consejo Asesor compuesto por organismos del Estado Nacional que articulan insterinstitucionalmente como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) junto con los Institutos Nacionales de Alimentos (INALANMAT) y de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Tecnología Industrial (INTI), la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial de la Nación así como también las Universidades Nacionales, los Institutos de Formación Superior y cualquier otro organismo idóneo para brindar asistencia, capacitación continua y el soporte necesario.
En el plano de la comercialización, el Proyecto de Ley busca ampliar el espacio disponible para la venta de productos ya que les posibilita ingresar en el mercado formal en donde se afianza la relación productor/consumidor.
“El beneficio de ampliar la oferta de productos alimenticios artesanales y regionales producidos por las pequeñas unidades alimenticias, termina de dar impulso al trabajo genuino basado en los principios de la Economía Social y por otro permitiendo que el Estado adquiera un rol fundamental y decisivo”, explicó Di Césare.
En ese sentido, advirtió: “A diario vemos trabajadores de la economía informal que ante la crisis económica buscan la forma de generar autoempleo es necesario que desde el Estado, lejos de censurar o negar estar prácticas, los acompañe dando las herramientas necesarias a quienes lo necesite”.
La ciudad de Miramar fue pionera en la implementación del Programa PUPA creando espacios de producción, comercialización y brindando capacitaciones permanentes. Se convirtió en una marca registrada los productos PUPA, reactivó y formalizó una actividad típica de los pequeños productores alimenticios locales.
“En General Alvarado, el programa PUPA permitió regularizar cocinas domiciliarias con requisitos mínimos para la elaboración de alimentos y también se prepararon cocinas comunitarias para aquellas familias que no pudieran alcanzar lo solicitado por lo precarias de sus viviendas”, finalizó Di Césare.
unidades alimenticias, termina de dar impulso al trabajo genuino basado en los principios de la Economía Social y por otro permitiendo que el Estado adquiera un rol fundamental y decisivo”, explicó Di Césare.
En ese sentido, advirtió: “A diario vemos trabajadores de la economía informal que ante la crisis económica buscan la forma de generar autoempleo es necesario que desde el Estado, lejos de censurar o negar estar prácticas, los acompañe dando las herramientas necesarias a quienes lo necesite”.
La ciudad de Miramar fue pionera en la implementación del Programa PUPA creando espacios de producción, comercialización y brindando capacitaciones permanentes. Se convirtió en una marca registrada los productos PUPA, reactivó y formalizó una actividad típica de los pequeños productores alimenticios locales.
“En General Alvarado, el programa PUPA permitió regularizar cocinas domiciliarias con requisitos mínimos para la elaboración de alimentos y también se prepararon cocinas comunitarias para aquellas familias que no pudieran alcanzar lo solicitado por lo precarias de sus viviendas”, finalizó Di Césare.