Por estas horas aparece una nueva megacausa por espionaje de la AFI, lejos de Comodoro Py, pero con pruebas contundentes sobre políticos, gobernadores, intendentes, periodistas, miembros de la Iglesia, gremialistas y empresarios.
La noticia la dio Ámbito Financiero, a través del periodista Gabriel Morini que adelantó que el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, avanza en un expediente de alto voltaje que une espionaje ilegal, seguimientos y una gran cantidad de figuras de primera linea, que incluye a varios ex presidentes.
La causa está bajo secreto de sumario, pero a partir de una serie de allanamientos en el marco de una investigación ligada al narcotráfico se logró recolectar material fotográfico y fílmico que implica la punta de un ovillo que podría superar a cualquier otra investigación ligada con la siempre sospechada tarea ilegal de los servicios de inteligencia en la Argentina. El comienzo se disparó, según cuenta Morini, cuando un narco alias “Verdura” confesó que un abogado ligado a la central de espías lo reclutó para que trabaje con credencial para la AFI.
La historia es increíble, pero con el seguimiento al sospechoso de diversos delitos vinculados con el narco (que inclusive se supone intentaba atentar contra Villena) se entregó y terminó confesando que lo utilizaron para entregar un “paquete” en la calle Callao y que advirtió que se trataba de una bomba. Con los datos aportados por “Verdura” Rodríguez, se llegó al abogado con las siglas F. M. que efectivamente era un agente de la AFI y que tenía un vehículo similar con el que se trasladó a “Verdura” a dejar la bomba.
El espía se dio cuenta de que era seguido e interpuso un habeas corpus para intentar bloquear la pesquisa, por eso se lo allanó y se le secuestró el celular. Allí obtuvieron conversaciones con otras personas donde mencionaban tareas de espionaje interno a distintas personas y organizaciones y se halló un documento nombrado “sustooo.doc” que contenía la misma descripción de la amenaza que relató “Verdura”.
Villena amplió la investigación junto a la fiscal federal Cecilia Incardona y avanzaron en otros allanamientos y secuestro de pruebas de todo tipo. Eso arrojó como resultado que ahora se investigue una organización criminal enquistada dentro del Estado Nacional dedicada al espionaje interno, cuestión prohibida por ley.
Según fuentes judiciales –la causa se encuentra en plena instrucción– los objetivos del espionaje de esta investigación fueron decenas de personas y organizaciones incluyendo a jueces (del más alto nivel), periodistas, miembros de la Iglesia Católica, referentes de organizaciones sociales, empresarios, gremialistas, diputados nacionales y provinciales, intendentes, gobernadores y hasta expresidentes de la Nación.
La causa podría terminar en el mayor escándalo de espionaje ilegal de la era Macri.