Juntos por el Cambio está dispuesto a bloquear el funcionamiento de la Cámara de Diputados, por lo menos hasta que termine el nuevo periodo de aislamiento estricto decretado para el área metropolitana. El protocolo acordado en la Cámara baja para realizar sesiones a distancia caducó el último miércoles, y la oposición se negó a prorrogarlo. En ese marco, los referentes del principal espacio opositor le exigieron a Sergio Massa, presidente del cuerpo, el regreso de las sesiones presenciales y le advirtieron que no están dispuestos a debatir reformas estructurales de manera remota. Mientras tanto, desde el Frente de Todos sostienen que se trata de una estrategia para clausurar los debates parlamentarios.
Hasta la semana pasada, el sector más intransigente pedía volver a reuniones presenciales, dónde y cómo sea. Lo representaban los macristas Waldo Wolff y Fernando Iglesias; y radicales como Luis Petri y Álvaro de Lamadrid, entre otros. Pero dos episodios cambiaron el escenario: la vuelta a fase 1 en el área metropolitana y el Covid positivo del diputado del PRO Julio Sahad, de La Rioja, que obligó a aislar a 20 legisladores.
“Entendemos que tenemos que sesionar de manera presencial. Desde ya que las sesiones se tendrán que hacer en un lugar más amplio y cumpliendo todos los protocolos sanitarios”, afirmó días atrás Alfredo Cornejo, diputado y titular de la UCR a nivel nacional. En el mismo sentido se expresó el diputado del PRO, Jorge Enriquez, que señaló: “No puede ser que nos estemos turnando para ir al recinto. Las sesiones tienen que ser presenciales, están dadas las condiciones para que así sea”. Para Enriquez “no se puede seguir demorando el regreso, porque hay temas que se terminan acordando dentro del recinto y desde las bancas. Además, hay proyectos, como la reforma judicial, que se terminan enriqueciendo con el debate dentro del recinto”.
Desde el oficialismo entienden que, en realidad, el pedido de sesiones presenciales tiene como objetivo paralizar la actividad parlamentaria. “En el pico de la pandemia, reclaman sesiones presenciales. Si plantean eso, es porque los que quieren cerrar el Congreso son ellos”, explicó una fuente cercana a la presidencia del bloque de Diputados del Frente de Todos.
Dentro de la decisión de Juntos por el Cambio de bloquear el trabajo del Congreso también se juega la posibilidad de seguir postergando un debate interno que puede terminar en ruptura. Para el oficialismo, la decisión de Mario Negri, titular del interbloque opositor, de quedarse en Córdoba y no participar de manera presencial de la última sesión, también es una muestra del pésimo clima que existe dentro de ese espacio.
En el seno de Juntos por el Cambio niegan que la intención sea paralizar el Congreso, pero asumen que ante las posiciones irreductibles la continuidad de las sesiones en Diputados durante las próximas tres semanas se hace imposible. “No depende de nosotros, depende de las autoridades de la Cámara”, argumentan. Ante esa realidad, el primer debate postergado será el de la creación de la comisión Bicameral para investigar la relación de Vicentin con el Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.
Lo cierto es que la discusión por la manera en la que debe continuar trabajando el Congreso volvió a mostrar los cuatros sectores que conviven dentro del interbloque de Juntos por el Cambio. El sector que encabeza Martín Lousteau, no tiene problemas en continuar trabajando de manera virtual; los que se encolumnan tras Negri, plantean que la modalidad remota sólo debe utilizarse para debatir temas consensuados por todos los bloques; los del ala dura del PRO, exigen sesiones presenciales; y los que responden a Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, plantean un análisis tema por tema. Así las cosas, el mejor escenario para el posmacrismo es un Congreso cerrado que evite una fractura que parece inevitable.
Ante esa coyuntura, la postura del oficialismo en Diputados, en principio, es evitar el tratamiento de temas que pueden generar “ruido político” en el medio del endurecimiento de la cuarentena. Por eso, el proyecto que busca establecer un impuesto por única vez a las grandes fortunas todavía no tiene fecha de tratamiento. “Hay decisión de avanzar, el proyecto está listo y tiene el consenso necesario. Sin embargo, la decisión es no generar ruido político en medio de la profundización de las medidas de aislamiento”, explicaron desde lo más alto de la estructura parlamentaria del Frente de Todos.