Pese al abierto rechazo de una oposición que, como Juntos por el Cambio, está enceguecida y no presenta argumentos sólidos que avalen su negativa a siquiera debatir un tema central para el funcionamiento de la república, la reforma judicial avanza a paso raudo en el Senado, después de la aprobación del dictamen en el plenario de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.
La iniciativa, que fue anunciada en la campaña que llevó a la presidencia a Alberto Fernández, podría llegar al recinto de la Cámara alta el próximo jueves 27 de agosto.
El Frente de Todos se garantizó contar con 41 votos para sacar el proyecto adelante, sobre un total de 72 senadores, por lo que su aprobación ya se da por descontada.
En respuesta a aquellos que ponen el grito en el cielo porque supuestamente se trata de una iniciativa inconsulta y que sólo responde a los designios de Cristina Kirchner para buscar su impunidad -dicho sea de paso, esa fue una de las banderas de la marcha anticuarentena del lunes-, hay que destacar que hubo cinco ruedas de audiencias con más de 50 expositores -que se pronunciaron tanto a favor como en contra-.
Precisamente, a partir de esos testimonios, los legisladores del oficialismo tomaron debida nota, y llevaron adelante una serie de modificaciones al proyecto inicial, que según palabras de la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, preservan “el objetivo central del proyecto”.
Sin embargo, y demostrando ser impermeables a cualquier posibilidad de discutir el tema, los representantes de Juntos por el Cambio en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ratificaron su rechazo a la reforma, y la calificaron como una “intervención a la Justicia”.
El proyecto crea la Justicia Federal Penal, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Penal y Penal Económica.
Entre otros puntos, se prevé la unificación de las Cámaras de Apelaciones y la creación de tribunales orales; se establece que los concursos del Consejo de la Magistratura para cubrir nuevos juzgados deben realizarse por prueba de oposición oral y pública; y se traspasa a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la totalidad de los delitos no federales cometidos en su territorio.
Entre los cambios a la iniciativa original aparece la posibilidad de otorgarle mayor transparencia a los sorteos de las causas, que deberán ser filmados; sumar las audiencias públicas a la selección de magistrados; y la no unificación de los fueros Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo.
Sin embargo, y a pesar de que tuvieron la oportunidad de discutir y hasta plantear modificaciones en la iniciativa, Juntos por el Cambio no hizo aportes para lograr un proyecto común.
Desde ese espacio insisten con el rechazo de plano a la reforma, y tanto es así que en un comunicado le exigieron al Gobierno que retire el proyecto del Congreso, bajo el argumento de la crisis sanitaria del Covid-19 y la necesidad de generar consensos. El texto llevó las firmas de las autoridades partidarias y de los jefes de ambas bancadas del Congreso, Luis Naidenoff y Mario Negri.
Y a esa oposición basada en el rechazo por el rechazo mismo, en las últimas horas, en el marco de un zoom organizado por el macrista Club Político Argentino, y del que participaron los referentes de JxC, consticionalistas afines a ese espacio, como Manuel García Mansilla, Roberto Gargarella y María Angélica Gelli, se llegó al extremo de sugerirles a sus legisladores que “la invalidez de la reforma es obligatoria, y por eso debe ser fulminada” en el Congreso o los tribunales, reflejando así el nulo espíritu democrático de ese sector.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados el Frente de Todos cuenta con 119 votos propios, y para aprobar la reforma judicial necesita 129, es decir, la mitad más uno de la Cámara. De esta manera, tras el rechazo de Juntos por el Cambio, el oficialismo necesitará sumar 12 votos del resto de los bloques opositores, teniendo en cuenta que el titular de la Cámara, Sergio Massa, no vota y que Ignacio de Mendiguren se encuentra de licencia.
Y por otra parte, para poder avanzar en el tratamiento, el oficialismo deberá zanjar además el debate por la continuidad de las sesiones virtuales, un problema sin resolución desde el comienzo de la cuarentena, teniendo en cuenta que JxC reclama sesiones presenciales o no debatir temas sin amplio consenso, lo que complica el futuro de la reforma judicial.