En medio de las brutales presiones ejercidas por el macrismo y los grandes medios hegemónicos, finalmente el martes próximo la Corte Suprema de Justicia tratará el caso de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, cuyos traslados irregulares a tribunales claves durante el gobierno de Mauricio Macri fueron revocados por el Senado.
Así lo anunció el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, durante el acuerdo que realizó hoy la Corte, oportunidad en la que destacó: “Tenemos la enorme responsabilidad de decidir”.
Rosenkrantz convocó a un acuerdo extraordinario para el martes próximo para que los ministros se expidan sobre la situación de Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Los traslados de los camaristas durante el macrismo fueron objetados por el Consejo de la Magistratura, una jueza en lo contensioso-administrativo y la Cámara de Casación, mientras que el Senado de la Nación dispuso días atrás su vuelta a los tribunales originales, de los cuales fueron trasladados irregularmente por los macristas.
La convocatoria del presidente de la Corte Suprema, puesto allí por Mauricio Macri, se ampara en el artículo 71 del Reglamento para la Justicia Nacional, que otorga al titular del cuerpo la posibilidad de realizar este llamado.
De esta manera, Rosenkrantz recogió el guante que le dejó Casación, y argumentó que “la Corte tiene la responsabilidad, en casos como este, de dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces involucrados. Como dije hace una semana, la Corte tiene la autoridad final cuando está en juego la constitucionalidad de los actos de otros poderes del Estado”.
Las definiciones del titular del máxito tribunal llegaron tras la reunión de acuerdo de esta mañana que compartieron vía Zoom, y que durante una hora se centró en debatir la situación de los tres camaristas trasladados por el Gobierno de los cargos que ocupaban en la Cámara Federal y en un tribunal oral federal.
Mientras, Bruglia, Bertuzzi y Castelli solicitaron licencia como una maniobra para ganar tiempo y no acatar de forma inmediata la decisión que se tomó en el Senado nacional, con la mayoría alcanzada por el oficialismo, y el decreto posterior del Ejecutivo, que dispuso que los tres jueces vuelvan a sus cargos de origen. Tanto uno como otro estamento encontraron que sus traslados fueron irregulares.
En tanto, los jueces solicitaron a la Corte Suprema que sea quien defina su destino, pero el máximo tribunal envió el pedido a la Cámara de Casación, que tiene la facultad de superintendencia en materia penal. El lunes, la alzada rechazó los casos y no dejó más opción a la Corte para que tome una decisión.
Bruglia y Bertuzzi integraban un Tribunal Oral Federal con sede en Comodoro Py y, durante el gobierno de Macri fueron trasladados irregularmente, por decreto, para cubrir dos vacantes en la Cámara Federal porteña. En tanto, el juez Castelli fue trasladado desde el Tribunal Oral Federal 3 de San Martín el 9 de octubre de 2018, hacia el Tribunal Oral Federal 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene que juzgar la causa abierta a partir de fotocopias de los denominados “cuadernos de las coimas” en la obra pública.
El anuncio de Rosenkrantz se da en el marco de lo que viene ocurriendo en los últimos días, donde se obeserva cómo arreciaron las burdas operaciones montadas por el macrismo y los medios hegemónicos que tienen claros destinatarios: los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a quienes presionan de tal manera (por no decir que son objeto de extorsión), para que no les ocurra votar en contra de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, porque en ese caso se expondrán a la posibilidad de que recaigan sobre ellos pedidos de juicio político.