Una testigo clave ante la Justicia sacudió la causa Vialidad por la obra pública: Laura Hindie, ex jefa de legales de Vialidad Santa Cruz y actual diputada, relató bajo juramento que el ex Director de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex jefe de Jurídicos de ese organismo, Ricardo Stoddart, arribaron a la dependencia provincial en un patrullero de la Policía y que se vio obligada a firmar un documento armado en Buenos Aires con información que no pudo corroborar, según el cual a las empresas de Lázaro Báez ya se les habían pagado las obras y no se les debía nada.
La legisladora relató que fue intimidada: “Si no lo hacía, al otro día tenía el telegrama de despido”, aseguró. El texto en cuestión se firmó en los primeros días de 2016
Durante una extensa declaración que se extendió por más de tres horas, la abogada dejó al desnudo el interés deliberado y la maniobra protagonizada por Iguacel y Stoddart, para justificar el supuesto direccionamiento de la obra pública y abrir el proceso contra Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez.
Según relató Hindie, “estábamos con miedo” y los funcionarios habían confeccionado “un listado de despidos” para amedrentar a las trabajadoras y los trabajadores.
La declaración de la testigo dejó en evidencia el interés de Iguacel y Stoddart para justificar el supuesto direccionamiento de la obra pública, y abrir el proceso contra la actual vicepresidenta: “Me presionaron porque el objetivo era Cristina Kirchner”, aseguró.
Durante la audiencia, el fiscal Diego Luciani le preguntó si le constaba el pago de la totalidad a Austral Construcciones (la ampresa de Báez), y que por lo tanto no se le debía nada, ante lo cual Hindie contestó: “No, no vi ninguna documentación que dijera eso. Pero sucedió que las autoridades del nuevo gobierno (de Mauricio Macri) llegaron a Vialidad en Río Gallegos, en un patrullero. Ahí estaban Iguacel y Stoddart, que luego serían titulares de Vialidad y de Legales, pero que en ese momento no tenían decreto de designación. Se bajaron del patrullero y me dijeron que tenía que firmar. No me constaba nada”.
De manera burda y premeditada, el objetivo de traer como testigo a Hindie era demostrar la existencia de un contubernio entre Vialidad Nacional, sobre todo en el distrito Santa Cruz, y Lázaro Báez, pero la jugada terminó naufragando, como casi todas las pruebas incriminatorias presentadas hasta ahora en el juicio.
Concretamente, la idea apuntaba a demostrar que a Báez se le pagaron obras no concluidas, pero la propia auditoría de Vialidad demostró que sólo hubo una diferencia del 0,1 %, normal en todo el país. También quedó evidenciado que las obras estaban bien construidas y que los parámetros fueron parecidos a los de otras provincias.
Hindie agregó un dato más. Ella no tenía relación con las obras, pero sí con la expropiación de propiedades que estaban en la traza por la que iba a pasar, por ejemplo, la ruta 3. “No fue fácil. A veces las expropiaciones retrasaban las obras tres y hasta cuatro años. Y eso ocurría en muchos lugares del país”.
Justamente, una parte central de la acusación en este juicio es que las obras habrían sufrido considerables retrasos, por lo que con la contundente explicación de la actual diputada, la imputación sufrió un duro golpe.
Por otra parte, el fiscal federal Federico Delgado pidió la indagatoria de Iguacel, por presunto armado de una causa falsa contra funcionarios de ese organismo entre 2012 y 2015 relacionados con la construcción de la Autopista Presidente Perón. Entre los acusados aparece además una cuñada de Iguacel, por la supuesta manipulación y recorte de documentación sobre la cual –según la imputación– se construyó la falsa denuncia.