La Justicia dictó la intervención de la empresa agroexportadora Vicentin por 90 días. La medida la tomó el juez Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores, quien dictaminó que se intervenga a la empresa por ese lapso.
El interventor será Andrés Shocron, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores, y el subinterventor tendrá que ser designado por la provincia de Santa Fe.
La empresa, que entró en cesación de pagos justo hace un año y dos meses después se presentó en convocatoria de acreedores, había quedado en el ojo de la tormenta después de que el presidente Alberto Fernández decidiera, a mediados de mayo, su intervención y enviar al Congreso una propuesta de expropiación.
Un mes y medio más tarde, y luego de fuertes críticas y manifestaciones en todo el país en defensa de la propiedad privada, el mandatario dio marcha atrás y anuló el DNU inicial.
“Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días. El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, explicó aquella vez el presidente a través de Twitter.
Ahora, Lorenzini parece reflotar la idea del Gobierno, pero con la diferencia de que se trata de una medida que se toma en el contexto judicial del pedido de quiebra.
“La empresa se enteró recién de la orden del juez, se está analizando el alcance de la medida”, destacaron allegados a la compañía, que días atrás renunció a la Bolsa de Comercio de Rosario, que pretendía investigar su comportamiento comercial, profesional y ético con idea de una posible comisión por conductas reprochables.
El macrismo, a través del Banco Nación, le dio a la empresa un préstamo irregular de $ 18.500 millones. Después se presentó en cesación de pagos. Todo antes de las elecciones, con Mauricio Macri presidente y después, con la derrota del ex presidente consumada. En el medio, Vicentin fue el más fuerte aportante a la campaña de Cambiemos.
Por otro lado, el juez prohibió la modificación del capital accionario de Vicentin. En otros fallos que salieron hoy autorizó la celebración de nuevos contratos con Oleaginosa Moreno (Glencore) y con Renova.
A diferencia de la intervención que había decretado el gobierno nacional, en este caso los miembros del actual directorio continúan en sus cargos. Sin embargo, a partir de ahora todas las decisiones deberán contar con el visto bueno de la intervención. La medida dura 90 días, pero puede ser prorrogada.
En octubre, el Banco Nación presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos Complejos de Santa Fe para que se investigue por el posible delito de “balance falso” a Vicentin. La presentación solicita que se analice los estados contables presentados por la agroexportadora en el concurso de acreedores, en el cual informa supuestas pérdidas por 3.046 millones de dólares en un período de apenas tres meses. El balance 2019 de Vicentin SAIC, que demoró diez meses en presentar, fue aprobado la semana en la última asamblea de accionistas en la localidad de Reconquista.
Tanto el Banco Nación como los acreedores financieros externos –nucleados en un comité ad hoc- advirtieron que, si la asamblea daba por aprobado ese balance, iban a presentar una denuncia por estafa y falsedad de documentos. “La contradicción que hay entre el balance que presentaron para tomar los créditos nacionales y extranjeros y el que presentaron ahora es tan grande que hay 1.800 millones de dólares aproximadamente de diferencia”, según consigna la agencia Télam de fuentes del BNA.
Es un monto muy similar a sus deudas comerciales y financieras que no cumplieron, y por la cual Vicentin solicitó en febrero pasado el concurso preventivo de acreedores, luego de declararse en cesación de pagos en diciembre de 2019. La demanda fue presentada en la Fiscalía de Delitos Complejos de la ciudad de Santa Fe, a cargo de Mariela Jiménez, atento a que la empresa está radicada en esta jurisdicción.