La Afip denunció “hostigamiento fiscal” contra Cristina Kirchner durante el gobierno macrista y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, en una durísima denuncia de parte del organismo en el Juzgado Criminal y corrección Federal Nº11. Paralelamente el ingeniero Justo Pastor Romero, declaró como testigo en el juicio de la Obra Pública en Santa Cruz y afirmó que no hubo sobreprecios y desmintió un informe que compromete a Javier Iguacel.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, amplió ayer la denuncia por “hostigamiento fiscal” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por parte del organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri, con la presentación de documentos que exponen “graves irregularidades” a las que fueron sometidos la expresidenta y sus hijos.
Se trata de una ampliación de la denuncia realizada a comienzos de febrero -que se tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11- e incluye los resultados de los procedimientos, investigaciones y auditorías realizadas por las distintas áreas del organismo a lo largo de los últimos meses.
“Los resultados obtenidos en dos auditorías internas realizadas a lo largo de los últimos meses dan cuenta del hostigamiento fiscal experimentado por CFK y sus hijos a lo largo de la presidencia de Mauricio Macri”, dice la presentación, según dijeron este lunes fuentes judiciales.
En ese sentido, destacaron que “de las auditorías internas se desprende la posible comisión de ciertos hechos, por parte de funcionarios de la AFIP durante las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli que podrían resultar encuadrables en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita”.
La exposición plantea que hubo irregularidades en procedimientos de determinación de oficio de deudas así como evidencia de “prácticas enquistadas en el ámbito de la AFIP reñidas con principios fundamentales del Estado de Derecho”.
“La entidad de las irregularidades detectadas alcanza para acreditar que la vicepresidenta fue objeto de una encarnizada persecución, coordinada con otros estamentos del Estado”, sostiene la presentación realizada este lunes ante la justicia federal.
Allí se sostuvo que los hallazgos “dan cuenta de una matriz de persecución” durante el gobierno que presidió Mauricio Macri, ya que, entre 2016 y 2019, se desplegaron desde la AFIP “prácticas arbitrarias, discriminatorias y violatorias, entre otros, del principio de igualdad”.
Entre las más graves irregularidades se encontró una “inusitada cantidad de consultas sistémicas sobre información fiscal” vinculada a la vicepresidenta y sus hijos” sin fundamento legal siquiera aparente a cargo de un nutrido grupo de agentes del organismo, según se señaló en la presentación judicial.
También se detectó que hubo actuación de funcionarios de la AFIP en causas judiciales en supuesta representación del organismo, sin autorización para ello y que se crearon de grupos de trabajo constituidos para analizar la situación de ciertos contribuyentes, y de sus empresas, cuya integración fue determinada por las autoridades políticas de ese momento.
Obra Pública. Otra de las causas que muestran el ataque sistematico a la ex presidente es el juicio a la obra pública en Santa Cruz. El el ingeniero Justo Pastor Romero, uno de los designados por el interventor macrista en Vialidad Nacional, Javier Iguacel, para realizar una auditoría sobre las rutas construidas en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas, afirmó ante el tribunal que “los desajustes de certificados de obra, es decir entre lo construido y lo pagado, apenas fueron del 0,006 por ciento. Las obras se hicieron a valores normales e incluso una parte se hizo por debajo de los valores que se utilizaron en otras jurisdicciones del país”.
El testimonio del profesional, pedido también por la fiscalía, fue demoledor para la acusación, al punto que la audiencia orilló el escándalo cuando el fiscal Diego Luciani –nervioso desde tiempo atrás– acusó a Pastor Romero de ser un testigo preparado por las defensas, lo que derivó en un fuerte enfrentamiento con los abogados defensores.
En cada audiencia los testigos pedidos por la fiscalía terminan dándole la razón a las defensas y no describen hasta ahora irregularidades en la construcción de rutas. Pero el caso de Pastor Romero fue aún más contundente porque no dejó resquicio para las imputaciones.
“Cumplimos con los objetivos de la auditoría pese a que tuvimos sólo 15 días y fue una situación casi tortuosa –en realción a la orden de Iguacel-. La conclusión a la que arribamos es que prácticamente no había obra certificada, pagada, que no se hubiera construido. Toda la diferencia fue de 0,006 por ciento. Mucho menor a la de otros distritos”, explicó Pastor Romero.
Pero el ingeniero reveló además que como el resultado no era el que quería Iguacel, la intervención contrató una auditoría privada a cargo de la consultora Consulbaires, vinculada a uno de los ministros. “Ellos tampoco llegaron a la conclusión que quería Iguacel. Tampoco encontraron irregularidades. Pero tengo que decir que ni siquiera llevaron personal al Sur. Todo lo hizo el personal de Vialidad y se analizó en los laboratorios de Vialidad. Lo único que hizo Consulbaires fue facturar 500.000 pesos”. Ante este relato, las defensas pidieron que se extrajera testimonio para denunciar a Iguacel una vez más.
Pastor Romero provocó conmoción cuando explicó que lo que hizo “el ingeniero en petróleo Iguacel” –una forma de señalar que el ex interventor macrista no tenía experiencia en rutas–, produjo lo que técnicamente se denomina ruina de obra. Es decir que la gestión Iguacel paralizó las obras y todo se deterioró. “Esto lleva indefectiblemente a que lo hecho debe ser destruido y hay que hacer todo de nuevo. Es un perjuicio multimillonario para el Estado. Infinitamente más perjuicio que el 0,006 por ciento de los desajustes. Todo lo que se hizo público fue falso: eso de que había rutas que terminaban en la nada, es absolutamente falso”.
Respecto de la cuestión de los sobreprecios, el ingeniero señaló que para el cálculo aplicó el SIGO, Sistema Integral de Gestión de Obra, que especifica valores promedio por kilómetro. Pastor Romero afirmó que las obras se hicieron a valores normales del SIGO, incluso algo por debajo de las que se hicieron en otros distritos.
Fuente Telam y Página 12
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