Ya superando todos los límites en cuanto al odio que destilan constantemente contra todo lo que haga y diga el Gobierno, y que en este caso llega al extremo del delirio para atacar la inminente llegada de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus, Elisa Carrió y la Coalición Cívica denunciaron al presidente Alberto Fernández y a su ministro de Salud, Ginés González García, por delito de “envenenamiento o adulteración de aguas, alimentos o medicinas”.
En la denuncia, asignada hoy al Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, se detalla que la presentación es por “abuso de autoridad” y “violación deberes de funcionario, defraudación contra administración pública y por administración violenta”.
Incluye además a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno ruso, y menciona en ella a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti.
“Esta operación comercial pone en riesgo a la totalidad de la población argentina, en su integridad física y en especial a quienes serán sus primeros receptores”, exponen desde la Coalición Cívica, y recuerda que las primeras aplicaciones de la vacuna serán “al personal de salud y seguridad; implicando esto, que serán ellos los elegidos para completar la Fase III, con desenlace impredecible y, con la posibilidad -según sus resultados- de tener bajas en quienes tienen a su cargo la noble tarea de atender la cuestión de seguridad y sanitaria general”.
La denuncia considera que se trata de una “operación comercial sin precedentes”, y que “no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir -de momento- la finalidad de proteger a los adultos mayores”.
“No existe razón fundada para que, una tratativa comercial y sanitaria de esta dimensión, se mantenga en un canal hermético reservado a un minúsculo grupo de funcionarios. Mucho menos cuando esa negociación bilateral, se lleva adelante con un país a cuyo mandatario, le repugna la publicidad de los actos de gobierno”, cuestionaron en relación al presidente ruso, Vladimir Putin.
Otro punto que se destaca es el aspecto económico y el desconocimiento del monto total abonado por el gobierno argentino para recibir las 300 mil dosis de la Sputnik V: “No sabemos cuánto se abonará por un producto cuya respuesta inmune se ignora, y que no garantiza la seguridad de la población sometida a su aplicación, porque se ignoran los efectos colaterales y/o adversos”.
Se señala que “la contratación y adquisición de esta vacuna, parece haber desplazado las otras opciones que ya completaron sus fases de experimentación y que han comenzado a aplicarse en países europeos y Estados Unidos”.
Desde la CC-ARI advierten que esta operación implica “una doble alarma”: “Por un lado, como amenaza cierta a la integridad y protección de la salud pública de los argentinos que deban acceder a su aplicación y, por otro la posible defraudación al Estado, al avanzarse sobre una erogación multimillonaria, por un producto no apto para inmunizar a los receptores”.
“La dimensión de esta operación admite una urgente intervención, a riesgo de desencadenar consecuencias indeseables y aún irreparables a escala general”, aseveró Carrió.
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