Con la llegada de febrero, ya es una decisión tomada que el Gobierno pondrá un pie en el acelerador para empezar a poner en práctica, de una vez por todas, los tan promocionados cambios en un área tan cuestionada como es la Justicia.
De esta manera, en los próximos días se reactivarán los cambios en la Justicia que el Frente de Todos empezó a impulsar el año pasado.
Según revela hoy el periodista Franco Mizrahi en El Destape, se avanzará con la designación de jueces en cargos estratégicos con la aprobación de pliegos en el Senado. “Se tratarán en una de las primeras sesiones. Ya está todo para hacerlo”, indicaron fuentes del Ejecutivo y del Congreso.
En este sentido, se contempla que, de no surgir imprevistos, se espera la llegada de Alejo Ramos Padilla al juzgado federal de La Plata, uno de los más importantes del país, ya que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, y la de Roberto Boico a la sala II de la Cámara Federal porteña, instancia revisora de Comodoro Py.
También iniciará en el Consejo de la Magistratura el concurso para ocupar con magistrados naturales la sala I de la Cámara Federal porteña donde se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, los jueces que fueron puestos a dedo por Mauricio Macri, y quedaron allí de forma transitoria por decisión de la Corte.
El único magistrado legítimo de esa sala es Mariano Llorens, quien llegó como lo establece la Constitución. La primera semana de febrero se abre la inscripción para los concursantes, por lo cual se abre el interrogante acerca de si se presentarán los cuestionados Bruglia y Bertuzzi.
Uno de los desafíos más importantes del Gobierno este año es la designación del Procurador General de la Nación, ya que el cargo hoy lo ejerce el interino Eduardo Casal, quien llegó por decisión del macrismo luego de que se forzara de manera brutal la renuncia de Alejandra Gils Carbó.
Para un sector del Gobierno se trata de la apuesta más fuerte en materia judicial en el corto plazo. Para poder avanzar con ese nombramiento es necesario que se transforme en ley el proyecto que modifica el mandato del Procurador y las mayorías necesarias para su elección, que ya tuvo media sanción en la Cámara Alta –el 27 de noviembre pasado- y ahora se encuentra en Diputados. Desde ahí afirmaron que por ahora no están los votos para abordarlo en extraordinarias, pero que ese escenario puede variar en los próximos días.
Conscientes de la escasez de votos y de la complejidad que las negociaciones adquieren en un año electoral, un sector del Ejecutivo considera que el nombramiento de una nueva cabeza del Ministerio Público Fiscal (MPF) debe ser la prioridad, incluso por sobre la reforma judicial y la creación de un tribunal intermedio antes de la Corte. Por eso las miradas están en Diputados, donde debe transformarse en ley los cambios que llevan el mandato del procurador a 5 años (con una reelección) y reducen los votos necesarios para su elección en el Senado a una mayoría absoluta (actualmente es de dos tercios).
La tan mentada “reforma judicial”, que multiplica juzgados federales en todo el país y reestructura fueros, no tiene para el Ejecutivo la misma urgencia que la selección de un nuevo Procurador, ya que sus efectos prácticos no serán inmediatos. Algo similar sucede con la posibilidad de crear un Tribunal intermedio entre la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema, idea que surgió del consejo asesor en materia judicial que creó el Presidente.
Mientras, en el decreto que habilitó las sesiones extraordinarias se incluyó el “Tratamiento de Acuerdos para designar magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa”.
En febrero se espera que se aprueben en el Senado los pliegos de magistrados para cargos clave como es el caso de Ramos Padilla, quien fue seleccionado para ocupar el juzgado federal N° 1 de La Plata, uno de los más importantes del país porque tiene competencia electoral sobre la provincia de Buenos Aires.
Ramos Padilla, a cargo de la investigación sobre el D’Alessiogate, concursó para ocupar el juzgado platense que está vacante desde 2014 por la muerte de Manuel Blanco y quedó primero en el orden de mérito. En la terna también estaba Laureano Durán, quien ocupó interinamente ese juzgado y era el nombre al que apostó en su momento el macrismo para el cargo. Alberto Fernández seleccionó al actual juez federal de Dolores y envió su pliego al Senado. Se trata de un cargo de mucha relevancia política porque tiene jurisdicción electoral en un distrito que reúne casi el 40% del padrón electoral del país.
Ramos Padilla también estaba muy bien posicionado en el concurso para ingresar a la Cámara Federal porteña, la instancia revisora de Comodoro Py. Pero el presidente decidió que su lugar sea La Plata, tal como pretendía el juez de Dolores. Es que para la instancia revisora de Comodoro Py también está ternado Roberto Boico, quien se descuenta será elegido por el Ejecutivo para ese cargo.