Con el inicio de febrero llegó a su fin la feria judicial de verano, lo que consecuentemente significa el retorno de la actividad a los tribunales, en un contexto en el que sobrevuela la demorada y tan esperada reforma de la Justicia, y que estará marcada por la continuidad del teletrabajo por la pandemia de coronavirus, y definiciones en causas del fuero federal, con juicios orales, audiencias y acuerdos entre jueces por videoconferencia y resoluciones firmadas de manera remota.
El primer dato impactante es que el próximo miércoles se reanudará el juicio oral al detenido empresario dueño de la empresa Austral Construcciones, Lázaro Báez, con arresto domiciliario, y sus cuatro hijos por lavado de dinero, en etapa de últimas palabras y con veredicto previsto para febrero.
Con pedido fiscal de doce años de prisión, Báez habló ante el Tribunal Oral Federal 4 en diciembre último, y aseguró ser víctima de una “persecución sistemática del poder político, la prensa y gran parte del Poder Judicial”.
También en los tribunales federales de Comodoro Py la atención estará puesta en la Cámara Federal de Casación, y la causa que investiga espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Mauricio Macri.
A fines del 2020 y en uno de sus últimos fallos previos al receso de enero, la sala I de ese Tribunal hizo lugar a un planteo de “pronto despacho” de los abogados de Gustavo Arribas, el imputado ex titular del organismo.
El próximo paso consistirá en resolver si la investigación se queda en Lomas de Zamora o será derivada al fuero federal porteño, que es lo que el ex funcionario pretende.
En tanto, con el final de la feria comenzará el trámite de apelación contra la decisión de revocar el arresto domiciliario concedido a Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa Ciccone.
En las últimas horas, la novedad es que el ex vicepresidente logró reducir diez meses el tiempo que deberá pasar encerrado gracias a los cursos y estudios que hizo durante su detención.
La decisión le permitirá a Boudou acceder al beneficio de salidas transitorias, que se otorga a cualquier condenado al llegar a la mitad de la pena.
En ese sentido, el juez federal Daniel Obligado -apenas horas antes de dejar de subrogar como magistrado de ejecución penal en la causa Ciccone- resolvió hacer lugar al planteo de la defensa y aplicar el beneficio del “estímulo educativo” previsto en la ley 24660.
Con el reconocimiento de estos diez meses, Boudou ya estaría cumpliendo la mitad de su condena, lo que lo habilita para pedir salidas transitorias, y así reforzar los argumentos para que no vuelva a prisión. Al cumplir los dos tercios, el ex vicepresidente estará en condiciones de pedir la libertad condicional.
Por otra parte, el lunes 8 se reanudará por videoconferencia el juicio oral en la causa por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, en la que prestó declaración indagatoria la vicepresidenta Cristina Kirchner, y donde las defensas pusieron el foco sobre el informe de la auditoría realizada por la Dirección Nacional de Vialidad bajo la gestión del ex interventor designado en ese organismo por Mauricio Macri, Javier Iguacel.
El Tribunal Oral Federal 2 seguirá con la citación a testigos, con audiencias lunes y martes, que por ahora se harán de manera semipresencial a través de la plataforma Zoom.
Finalmente, el juez Eduardo Farah, desplazado de su puesto en Comodoro Py por haber firmado un fallo contrario a las aspiraciones del ex presidente Mauricio Macri, volverá desde hoy a ocupar su antiguo cargo.
El castigo contra el camarista federal porteño fue el resultado de haber firmado, junto con su colega Jorge Ballestero, la excarcelación de los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López, dueños de Indalo (C5N y Radio 10).
El gobierno publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 53/2021, mediante el cual dispuso el regreso de Farah a la Sala Segunda de la Cámara Federal porteña. El propio juez había pedido su retorno, después del fallo de la Corte Suprema que consideró que los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia no debieron haber ocupado los cargos a los que accedieron por “traslados” durante el gobierno de Macri, pero igualmente avaló la continuidad de ambos.