El acuerdo por la deuda del Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri, firmado durante el gobierno de Juntos por el Cambio, resultaba “abusivo” y perjudicial para el Estado. Así lo confirma un informe contable ordenado por el juez federal Ariel Lijo que es considerado clave, ya que no hace más que respaldar lo que siempre sostuvo la fiscal Gabriela Boquin, atacada por todos los frentes desde que logró frenar aquel pacto que beneficiaba a la familia del ex presidente Mauricio Macri, ubicado de los dos lados del mostrador.
A la fiscal la acusaban de direccionar y politizar la causa, que ahora tiene un aval que el juzgado aguardaba. El propio Correo buscó imprimir al expediente una pátina política al ofrecer como testigos al ex ministro de Justicia, Germán Garavano, al ex candidato a vicepresidente y actual Auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y al diputado Pablo Tonelli.
Según precisa hoy Irina Hauser en Página/12, el informe contable de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) podría sacar a esta causa penal de su letargo. Allí aparece refrendada la principal hipótesis que denunció en febrero de 2017 Boquin: que el pacto que hicieron en junio de 2016 el gobierno de Mauricio Macri y la empresa postal que pertenece a su propio grupo empresario, licuaba en un 98,87 % su deuda multimillonaria con el Estado.
Al respecto, se indica que las conclusiones arrojan un número muy aproximado y dan cuenta de que se trató de un convenio “abusivo”, como sostuvo Boquin, para las arcas públicas.
Aquella revelación fue la que llevó a que el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, su director de asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, y dos hombres del Correo fueran imputados e indagados en un expediente penal en Comodoro Py.
En marzo se cumplirán dos años desde que fueron a dar explicaciones ante el juez Lijo –la causa tiene dos años más– y finalmente se definiría su situación procesal. Tampoco está descartado que se amplíen las responsabilidades y que lleguen al expresidente, durante cuyo gobierno fue una práctica habitual la de estar de los dos lados del mostrador.
Mientras tanto, y pese a la denuncia de Boquin en su momento, el Correo sigue sin pagar su deuda con el Estado, que ya superaría holgadamente los $ 4500 millones. La empresa lleva un récord de 19 años en concurso de acreedores. El Grupo Macri se las ha ingeniado para seguir dilatando el cumplimiento de sus obligaciones, y ahora todos los esfuerzos apuntan a eludir una declaración de quiebra, que arrastraría a su controlante SOCMA.
Hoy el Correo está intervenido y el expediente comercial se encuentra en un punto insólito: desde el 23 de diciembre Boquin espera –con respaldo de una orden de la Cámara Comercial– que el juez que actualmente está a cargo del caso, Fernando D’Alessandro, le envíe los informes de la interventora Flor Inés Farber. Algunos de los que se conocieron hasta ahora complican a la empresa porque se detectaron maniobras de vaciamiento, algo que también la fiscalía había denunciado con anterioridad.
El Correo sigue intentando el apartamiento de la fiscala Boquin y apeló el rechazo a su recusación con un recurso extraordinario. Otra vez quieren llegar hasta la Corte Suprema con la expectativa de sacarla de la causa comercial.
Se recuerda que la jueza original, Marta Cirulli, está recusada y de ahí que tenga un suplente por ahora. El interino D’Alessandro está ternado para una vacante en la sala B de la Cámara que interviene en este mismo caso, lo que podría explicar su pasividad. Se había abierto el proceso de salvataje o “cramdown” pero está todo en punto muerto por los distintos artilugios de la empresa. Se habían llegado a presentar oferentes para hacerse cargo de la firma y sus acreencias, entre ellas el propio Correo.