Malas noticias para Marcelo Sebastián D’Alessio: el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, dispuso esta mañana prorrogar por un año más la prisión preventiva del falso abogado, quien está detenido en el penal de Ezeiza desde el 15 de febrero de 2019 por la megacausa de espionaje ilegal durante el macrismo.
“Poseía vínculos con agentes de inteligencia -retirados y activos-, policías de alto rango, jueces, fiscales, abogados, periodistas, funcionarios nacionales de alto rango como legisladores nacionales, ministros, etc”, sostuvo el magistrado.
Y agregó: “En definitiva, D’Alessio no era solamente una persona que se hacía pasar por abogado o economista, ni engañó a todos todo el tiempo; lejos de eso, D’Alessio pudo tejer toda esa red de contactos de alto nivel en el poder sin la cual no habría podido llevar adelante las operaciones de inteligencia ilegal investigadas”, señaló el juez en una lapidaria resolución que emitió en las últimas horas, a la que tuvo acceso el diario Página/12.
D’Alessio fue procesado en cinco oportunidades por Ramos Padilla, y ya está en condiciones de ser llevado a juicio oral. El juez entiende que tuvo un rol preponderante dentro de una organización paraestatal dedicada al espionaje y a los aprietes. En este sentido, destacó que muchas de las víctimas del falso abogado lo tenían como agente de inteligencia — aunque no logró probarse su pertenencia a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pero sí que existía una promesa de trabajo y vínculos aceitados con distintos funcionarios de la ex SIDE, así como del Ministerio de Seguridad — y que D’Alessio llevó un sinfín de esas operaciones haciendo uso de armas de fuego.
Se trataron de decenas de operaciones, sostiene Ramos Padilla, que van desde intentar involucrar a Aníbal Fernández en el triple crimen de General Rodríguez, hasta forzar el arrepentimiento de Pablo Barreiro para implicar a Cristina Fernández de Kirchner en el caso de las fotocopias de los cuadernos.
El juez también acreditó que la banda de D’Alessio revisaba los registros migratorios del actual presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, y de su ex socio Gabriel Bouzat, pero también del hijo de Pablo Escobar Gaviria o del hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Ramos Padilla está transitando sus últimos días en el juzgado federal de Dolores, al que llegó en septiembre de 2011. A partir del 1 de marzo estará con toda probabilidad instalado en el juzgado federal 1 de La Plata, que no sólo entiende en cuestiones penales sino que tiene competencia electoral en toda la provincia.
Antes de la mudanza, Ramos Padilla debe resolver la situación procesal de cuatro indagados por el llamado “Proyecto AMBA”, que consistió en el despliegue de seis bases de la AFI en el conurbano que se sumaron a las tres históricas que tiene la exSIDE en la provincia para hacer espionaje político.
En las últimas semanas, Ramos Padilla indagó a tres exfuncionarios de la AFI que oficiaron de coordinadores entre las bases y su máximo responsable, Pablo Pinamonti. Los tres se negaron a declarar. El juez también le tomó declaración como imputado a quien fuera el máximo responsable de la base Bahía Blanca durante los primeros meses del “Proyecto AMBA”. Se espera que entre esta semana y la próxima decida si procesa a estas cuatro personas.
Ramos Padilla inició la investigación por espionaje en pleno macrismo. Entre el D’Alessiogate y el “Proyecto AMBA”, ya procesó a 28 personas. Se trata de una causa que, sin dudas, se conecta con la que tramita en Lomas de Zamora y que el viernes pasado la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó que continúe en los tribunales de Comodoro Py, y que vergonzosamente podría quedar en manos del fiscal Carlos Stornelli, procesado en la causa de espionaje de Dolores.