Un documento diplomático con el que la Argentina respondió en 2014 a una consulta de Corea del Sur prueba que el Gobierno que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner no dejó de perseguir a los imputados iraníes acusados por el atentado a la AMIA, aun cuando un año antes había suscripto el Memorándum de Entendimiento con Irán para esclarecer la masacre.
El documento corresponde a una repuesta que la Cancillería a cargo de Héctor Timerman le dio a Corea ante una consulta vinculada a la voluntad de ese país de formalizar una invitación al funcionario iraní Moshen Rezai, quien había sido comandante de la Guarda Revolucionaria iraní, imputado en la causa por el ataque a la mutual judía, que en esos días sonaba como candidato a presidente de la nación islámica.
La documentación, a la que tuvo acceso Télam, fue ofrecida como prueba para el juicio en el que se ventilará la denuncia realizada por el fallecido fiscal de la causa AMIA, Alberto Nisman, en 2015, quien sostuvo que el memorándum firmado en enero de 2013 entre Argentina e Irán tuvo por objetivo dar impunidad a los acusados a cambio de reflotar relaciones comerciales con el país persa.
“Deseo manifestarle que, de concretarse la invitación y visita del funcionario mencionado y/o de cualquier otra persona que se encuentre en la misma situación, nuestro país solicitará la inmediata aplicación del tratado de extradición firmado entre la República Argentina y la República de Corea y que entró en vigor el 9 de noviembre del año 2000”, dice la respuesta fechada en Buenos Aires el 25 de abril de 2014 y firmada por el entonces viceministro de Relaciones Exteriores y actual embajador en Rusia, Eduardo Zuain.
Se trata de una respuesta que la Cancillería le envió a Corea del Sur en Argentina a raíz de una consulta realizada por el cónsul general de esa sede diplomática, Joyoung Jeon, a quien oficiaba como Representante Especial para Asuntos de Terrorismo, Fernando Lerena.
La agencia Télam accedió a la saga de documentos –incluso aquellos de carácter confidencial- que generaron esa respuesta por parte de la Argentina.
La saga se inició el 23 de abril de 2014 cuando Jeon se entrevistó con Lerena y puso de manifiesto que, ante la mejora en las relaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán, la República de Corea quería “dar un paso adelante en señal de apoyo a ese acercamiento, mejorando sus propias relaciones bilaterales con Irán”, según quedó reflejado en un documento confidencial de la Cancillería.
En aquel encuentro, Jeon anunció que su país pretendía invitar al funcionario Iraní Moshen Rezai y que le preocupaba cual podría ser la reacción de Argentina ante esa invitación, toda vez que estaba vigente, desde el 2000, un tratado de extradición entre ambos países y que sobre el ciudadano iraní aludido pesaba una alerta roja de Interpol solicitada por las autoridades judiciales argentinas en el marco de la causa AMIA.
Tras manifestar por escrito la posición de Argentina, desde Cancillería se le notificó la situación al juzgado federal 6, entonces a cargo del ahora jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral, a quienes se le anticipó, además, que “en caso de recibirse cualquier otra información sobre el tema” iba a ser puesta “en conocimiento” de ese juzgado “a la brevedad”.
Los acusados del ataque terrorista a la AMIA (perpetrado en 1994, con 85 muertos) sobre quienes pesan las circulares rojas son Mohsen Rabbani (exagregado cultural de la embajada de Irán en Buenos Aires), Ali Fallahijan (ex ministro de Inteligencia), Mohsen Rezai (comandante de la Guardia Revolucionaria iraní), Ahmad Reza Asghari (tercer secretario de la embajada en Buenos Aires) y Ahmad Vahidi (ex ministro de Defensa iraní).
Fuente Telam
