El Procurador General interino, Eduardo Casal, volvió a beneficiar al fiscal procesado por espionaje ilegal, Carlos Stornelli. En las últimas horas cerró una denuncia del senador Oscar Parrilli ante el Ministerio Público Fiscal por mal desempeño de Stornelli en la causa por las fotocopias de los cuadernos.
El jefe de los fiscales interino basó su posición en la defensa de Stornelli y, sobre todo, en lo resuelto por el Consejo Evaluador del Ministerio Público Fiscal, integrado en su mayoría por fiscales generales relacionados al propio Stornelli. El consejo es una instancia que evalúa los sumarios y realiza un dictamen no vinculante pero que nutre de ideas al Procurador. Por mayoría, el consejo había dispuesto desestimar la denuncia, que ahora Casal ordenó archivar.
Según revela el periodista Franco Mizrahi, en El Destape, uno de los ejes de la denuncia fue el modo irregular en que se inició la causa de las fotocopias. Parrilli denunció que hubo fórum shopping, es decir, la elección de un juzgado y fiscalía a dedo para instruir la pesquisa. Es que la causa no fue a sorteo como hubiera correspondido, sino que quedó a cargo de la dupla Bonadio-Stornelli por una supuesta conexidad con la causa GNL que ya tramitaba en el juzgado federal Nº 11, expediente que también estuvo repleto de ilegalidades. Allí, por ejemplo, declaró como testigo el espía ilegal y falso abogado, Marcelo D’Alessio.
Casal se tomó de la defensa de Stornelli e indicó que ya hubo planteos judiciales al respecto, y que las instancias superiores ratificaron lo actuado por Bonadio y Stornelli. Lo que no dijo Casal es que quienes revisaron todo lo actuado fueron Martín Irurzun y cuatro jueces designados por el ex presidente Mauricio Macri, entre los que se encuentran Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron puestos a dedo por el entonces mandatario en la instancia revisora de Comodoro Py.
Algo similar sucede en torno a la discusión sobre cómo se tomaron las declaraciones de los arrepentidos, que no fueron grabadas tal como los dispone la Ley del Arrepentido. “No puede afirmarse que el magistrado hubiera incurrido en error o apartamiento manifiesto del derecho o perdido su objetividad, pues su interpretación del modo de proceder para conducir las declaraciones de los imputados colaboradores, es una de las posibles y como tal deviene en una cuestión opinable, que fue ponderada y avalada por el juez de la causa y luego, por diversos magistrados de las instancias superiores que han intervenido frente a planteos concretos de las partes”, señaló Casal.
Entre quienes ratificaron este accionar figuran los jueces de la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal designados por Macri, Daniel Petrone y Diego Barreotaveña, recientemente fustigados por la vicepresidenta Cristina Kirchner en una audiencia que se realizó en el marco de la causa “Dólar Futuro”. La tercera integrante de esa sala, Ana Figueroa, había votado en disidencia: sostuvo que la falta de registro con “medios técnicos idóneos” torna “nulas las declaraciones prestadas”.
Para Casal, “acceder al escrutinio disciplinario a que se pretende someter la actuación del doctor Stornelli sobre este aspecto importaría utilizar la vía administrativa para revisar cuestiones judiciales vinculadas con un proceso en trámite (…) lo que no resulta admisible”. También en defensa de Stornelli dijo “que los fiscales no pueden ser sometidos a proceso disciplinario por el contenido de sus dictámenes o por errores cometidos durante su actuación”. Hasta citó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para blindar a uno de los protagonistas del Lawfare.
Sobre las extorsiones que se habrían ejercido en el marco de algunas de las declaraciones de los arrepentidos, tal como los sostuvo Parrilli en su denuncia, Casal afirmó que “hasta el momento nadie se ha manifestado en ese sentido o, al menos, no con la suficiente robustez para que los magistrados que intervinieron pusieran en duda la validez de dichos acuerdos”.
Parrilli también cuestionó la forma en que Centeno se transformó en arrepentido. Pero a Casal le alcanzó lo explicado por Stornelli. “Cabe referir que el fiscal federal efectuó en su descargo una explicación sobre cómo sucedieron los hechos y rememoró las razones que expuso Centeno para decidir que su defensa fuera asumida por el defensor oficial”. El jefe interino de los fiscales agregó que “del análisis realizado a ese respecto y en concordancia con lo sostenido por la mayoría del Consejo Evaluador, entiendo que tampoco existen elementos para considerar que esa conducta pueda tener relevancia disciplinaria”.