De manera clara, precisa y contundente, Santiago Cafiero rechazó uno los tantos caballitos de batalla del macrismo, y en las últimas horas le tapó la boca a Patricia Bullrich y compañía, que vienen reclamando al Gobierno que se permita adquirir vacunas tanto a los laboratorios como a las farmacias del país.
“Hay un error que se está magnificando, y por ahí uno no se detiene a explicar todo. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina”, aclaró el Jefe de Gabinete.
Precisamente, la supuesta imposibilidad de compra de vacunas por parte de gestiones provinciales o municipales, e incluso del sector privado, había generado malestar en dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellos, los jefes comunales de esa alianza opositora, que aseguraron que podrían alcanzar hasta el 75 % de la población de resigo en un mes si se les permitiera administrar las dosis.
Anoche, en declaraciones al programa “A dos Voces”, por TN, Cafiero enfatizó que “el Gobierno nacional no es el único habilitado para comprar vacunas con la finalidad de inmunizar a la población”.
Y agregó: “En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro. No está prohibido y no es el Gobierno nacional el único que puede comprar vacunas”, y que “con el nivel de escasez y, como el presidente instruyó a toda su administración a trabajar desde el año pasado en la adquisición de vacunas, estas son las vacunas que se están consiguiendo”.
Eso sí, advirtió que “cualquiera que salga hoy al mercado para intentar comprar, las va a conseguir vaya a saber en qué mes”.
En los últimos días, la oposición, sobre todo desde el macrismo, habían pedido al oficialismo que se permitiera adquirir vacunas tanto a los laboratorios como a las farmacias del país. “Yo se lo dije 20 veces al Presidente: dejen que las provincias compren la vacuna. Dejen que los laboratorios compren. Dejen que las farmacias compren. El sistema más efectivo de distribución de la vacuna en los Estados Unidos son las cadenas de farmacias”, lanzó la titular del PRO, Patricia Bullrich.
Al respecto, propuso para enfrentar la segunda ola de contagios “la democratización de la compra de la vacuna”, y que provincias y obras sociales puedan adquirir las dosis.
En noviembre pasado, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.573 que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por la enfermedad.
La norma, que había sido sancionada el 29 de octubre por el Senado, facultó al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas que se desarrollen para enfrentar la enfermedad. A su vez, exime del pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el impuesto al valor agregado, a las vacunas y descartables importados por el Ministerio de Salud.
Por otra parte, faculta al Poder Ejecutivo a incluir cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas contra el COVID-19, de conformidad con las leyes 27.275 de Acceso a la Información Pública, 26.529 de Derechos del Paciente, y normas concordantes, complementarias y modificatorias, y a suscribir en los contratos que celebre conforme el procedimiento regulado en la presente ley, todos los actos administrativos previos y posteriores tendientes al efectivo cumplimiento de estos, a modificar sus términos y a incluir otras cláusulas acordes al mercado internacional de la vacuna.
En cuanto a lo expresado anoche por el Jefe de Gabinete, el texto establece que “idéntico tratamiento” recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, la resolución, que fue publicada en el Boletín Oficial, prevé que quien compre las vacunas contra el coronavirus tendrá que presentarlas ante la ANMAT a los efectos de la intervención de su competencia y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud nacional, quienes podrán expedirse en un plazo máximo de 30 días, previo a su uso en la población objetivo.
Hasta ahora en el país fue el Ejecutivo nacional el que unificó las tratativas con los laboratorios y las adquisiciones y sobre este tema también la norma aclara que los contratos “deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación, a las comisiones de Salud del Congreso, siempre con los recaudos correspondientes a los fines de respetar las cláusulas de confidencialidad que pudieran incluirse en los mismos”.
En los últimos días, Argentina recibió 218.400 dosis de Oxford AstraZeneca a través del mecanismo COVAX; un cargamento de 300.000 de la Sputnik V, un millón de dosis de Sinopharm, y el domingo pasado arribó el último cargamento de la vacuna rusa con 497.745 dosis del componente 1. En total, hasta ahora llegaron al país un total de 7.266.500 dosis.