Después del terremoto que para el Gobierno nacional significó el fallo de la Corte Suprema de Justicia -avalando el dictado de clases presenciales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires-, no se tuvo que en cuenta que, más allá de la satisfacción que envolvió a los referentes duros del macrismo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en realidad será quien deba cargar el mayor costo político a partir de una sentencia que lo coloca en un rol para el que tal vez no esté preparado.
Eso es lo que transmite el periodista de judiciales de Ámbito.com, Gabriel Morini, a través de un artículo que, bajo el título “El fallo de la Corte Suprema: la oportunidad que el Gobierno no ve”, precisamente refleja que cerca del alcalde de la Ciudad lo entendieron de inmediato, y que por esa razón no había mucho para festejar del fallo del máximo tribunal, a pesar de haberle dado la razón sobre la demanda contra el Estado Nacional por haber violado la autonomía porteña al disponer la suspensión de la presencialidad escolar en ese distrito, en el marco de medidas sanitarias por la pandemia.
Al respecto, destaca que la orden fue hacer silencio y no mostrarse celebratorios por un motivo más que válido: leyeron entrelíneas que más que maniatar al presidente Alberto Fernández respecto a las medidas de cuidado epidemiológico, la Corte había balizado un camino para que el Poder Ejecutivo pueda adoptar un combo de restricciones sin riesgo de naufragar en la judicialización permanente.
Agrega que “en paralelo, había transferido todas las responsabilidades en cabeza del jefe de Gobierno en el delgado despeñadero que implica encorsetarse en el slogan de las escuelas abiertas frente a números de miedo por el covid-19. Tras la sentencia, el que deba pedir el cierre, asumir los costos y responsabilizarse por las consecuencias de no hacerlo es Rodríguez Larreta”.
Para completar su postura, el periodista destaca que “es un misterio por qué todo el arco del oficialismo y la primera plana del Gobierno entendió que la Corte se estaba arrogando la autoridad epidemiológica, obligando a los escolares a asistir a clases presenciales o directamente desafiando la autoridad presidencial”.
De ahí que el cimbronazo que provocó en los despachos oficiales, evidentemente impidió que no fuera interpretado lo que acababa de señalar la Corte, y no se percataron de la oportunidad de hacer de la debilidad una fortaleza con lo que esa sentencia también implica, sobre todo respecto a decisiones futuras.
Transcurridas 48 horas del fallo, lo que permite un análisis más reflexivo y con la mente fría, se destaca que la decisión del máximo tribunal no le dijo en ninguna parte de la sentencia al Gobierno nacional que su medida sanitaria es “irrazonable”, ni tampoco juzgó su proporcionalidad. Sostuvo que, en el caso, no logró demostrar (con los argumentos que expuso el DNU) que la facultad local de disponer la modalidad en la que se dictan clases afecte de manera interjurisdiccional para ameritar que la potestad federal sanitaria pueda imponerse. De esa forma, estuvo lejos de decir que no podría hacerlo a futuro.
Tampoco afirmó el fallo que el DNU firmado (abstracto o no) viola el artículo 99 de la Constitución Nacional, apartándose así del dictamen del Procurador interino, Eduardo Casal, quien sí proponía darlo de baja en esos términos, al haberlo considerado inconstitucional. En otras palabras, la Corte no le quitó a Fernández la herramienta del DNU para actuar durante una crisis, lo cual no deja de ser una cuestión para tener en cuenta.
Para Morini, “lo más relevante del fallo es que la “mayoría peronista” –como tildaba despectivamente el macrismo a quienes encabezaron el voto conocido el martes- afirmaron que el error del Poder Ejecutivo en la medida fue solamente de motivación jurídica, o como se plasmó en la sentencia al “justificar competencialmente” desde el prisma de autoridad federal, la decisión sanitaria”.
Y concluye en que “el pedido de “razones” no son epidemiológicas, sino jurídicas, lo que abre la puerta a una corrección que puede invertir el escenario, sobre todo si el Ejecutivo Nacional las acompaña en acuerdo bajo el paraguas de la “lealtad federal”, lo que tornaría incuestionable la decisión en tribunales.