El Ente Nacional de Comunicación (Enacom) recurrirá a la Corte Suprema de Justicia, para que se expida sobre una medida cautelar presentada por Telecom (Grupo Clarín) y validada por la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad de Buenos Aires, que de manera arbitraria autoriza a esa empresa a rechazar una medida del Gobierno nacional sobre los servicios de telecomunicaciones.
Así se anunció durante una conferencia de prensa de las autoridades del organismo, junto a representantes de usuarios y consumidores, en el marco de la puja entre el Gobierno y las empresas de servicios de telecomunicaciones por el decreto 690.
A través de esa medida, el Gobierno declaró servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia a la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, a raíz de la pandemia del coronavirus.
El presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, apuntó: “Desde un primer momento, quisimos privilegiar a los sectores más necesitados. En esta pandemia, quisimos hacer llegar a todos los servicios de telecomunicación. Hubo empresas que acompañaron y empresas que no. Creamos la Prestación Básica Universal (PBU) y nos preocupamos para que eso se cumpla”.
Agregó que “nos encontramos con la situación de que uno de los grupos importantes del sector interpuso un recurso y hay una cautelar que hace a los usuarios de esa compañía pagar precios más caros”.
Por su parte, Diego Leiva, director de asuntos jurídicos del ente, adelantó que la estrategia del gobierno para lidiar con esta situación es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “No es una medida cautelar más. Entendemos que la Corte debe intervenir porque esto trasciende el mero interés de las partes. Hay un decreto que regular la actividad para todos los argentinos”.
Al respecto, enfatizó que “entendemos que la cámara falla por el principio dogmático. El fundamento tiene que ver con un perjuicio económico basado solo en los dichos del accionante. El Enacom ha mostrado todos los balances de las empresas y demostrado que el 690 no representa un perjuicio para las empresas”.
Además, dijo que “nos sentimos agraviados con respecto al PBU” (Prestación Básica Universal y Obligatoria para celulares, Internet, televisión por cable y telefonía fija. “Para nosotros, es un nuevo derecho consagrado que viene a dar respuestas a los sectores más vulnerables. La facultad de elegir el mecanismo es del poder Ejecutivo”.
En tanto, el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, destacó: “El decreto 690 creó un nuevo derecho: el derecho a la conectividad. Se crea generando instrumentos que permita que todos los ciudadanos puedan acceder en condición de igualdad. Es el derecho a estar conectados. Hoy, nadie se puede vacunar sin tener acceso a internet. No existe nada más esencial que eso en nuestro país”.
Para que no queden dudas, López detalló: “En el primer trimestre del año pasado, Telecom tuvo ganancias por $ 2.700 millones. En el primer trimestre de este año, las ganancias fueron de $ 9 mil millones. No solo no está al borde del quebranto, sino que es falso el único argumento presentado”.