El prófugo “Pepín” Rodríguez Simón gana tiempo, y por ahora no será extraditado

La justicia uruguaya resolvió suspender el proceso de extradición del principal operador judicial del macrismo, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, hasta tanto haya una resolución firme vinculada con su pedido de refugio, pero al mismo tiempo dispuso que le cierren las fronteras y le retengan todos los pasaportes para que no pueda salir del país vecino.

El pedido de extradición de Pepín, como ariete de la mesa judicial de Cambiemos, fue formulado por la jueza federal María Romilda Servini en el marco de la causa en la que se investigan presiones y asfixia financiera por parte del gobierno de Mauricio Macri a los accionistas del Grupo Indalo, dueño de la señal de noticias C5N y de Radio 10, entre otros medios.

La definición le quedó a la Justicia, ya que el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que “cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición”.

De todas formas, para decidir si le concede el status requerido o no, la jueza deberá contar con el informe de la Comisión de Refugiados que está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, con derecho a voz, pero sin voto.

En la resolución, la jueza letrada Penal Especializada en Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarian, dispuso “suspender el presente proceso de extradición del señor Fabián Rodríguez Simón hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado”.

En el mismo fallo le impuso a “Pepín” las obligaciones de “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” dentro de las 24 horas posteriores a la resolución, al tiempo que ordenó “disponer el cierre de fronteras, oficiándose en carácter de urgente”.

La jueza Servini había ordenado la captura de Rodríguez Simón, pero la justicia uruguaya no accedió en primera instancia a ese requerimiento, que sectores del oficialismo esperaban pudiera terminar con el dirigente allegado a Macri en prisión en la Argentina en las próximas semanas.

Según la legislación uruguaya, cuando chocan dos reclamos antagónicos, el pedido de refugio y una orden de detención de un tribunal extranjero, la primera instancia que debe adoptar una decisión es la judicial. Por eso interviene la jueza Chamsarián antes que el gobierno uruguayo aunque, en definitiva, será éste el que adoptará la decisión final, aún en caso de un fallo judicial que apruebe la extradición.

El amigo y ex asesor jurídico de Macri durante su Presidencia se fugó a Uruguay a fines del año pasado, y pidió “asilo político” por considerarse un “perseguido” al que la Justicia argentina quiere “meter preso”. 

“Esto implica que no voy a volver a la Argentina hasta que cese la persecución en mi contra. Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme”, añadió.

Justamente, la defensa de Rodríguez Simón insistió en la teoría de que es un perseguido político y que peligran su libertad e integridad física, que son requisitos para poder conseguir refugio. En el expediente que se tramita en Comodoro Py no había ninguna señal que hiciera pensar que podría ser detenido, ni él ni ningún otro imputado, entre quienes se encuentra Macri.

Algunos ex funcionarios de AFIP declararon como sospechosos esta semana, sin poner reparos. “Pepín” no pidió tampoco la eximición de prisión, que es lo que se hace un imputado que cree que está todo dado para que lo priven de la libertad.