La Cámara en lo Comercial dispuso que continúe la intervención judicial en Correo Argentino SA establecida por la jueza Marta Cirulli en marzo de 2020, cuando para evitar “potenciales perjuicios a acreedores” ordenó el “desplazamiento total” de sus directivos, por lo que se sumó otra disposición adversa para el Grupo Macri en una causa sensible, con montos siderales en juego, y en la que el ex presidente pretende evitar la quiebra y pagar un monto mucho menor que la deuda reconocida.
La resolución de primera instancia, dictada en el marco del proceso de “salvataje” de la empresa, había sido ordenada a pedido de la fiscal Gabriela Boquin, a la que adhirió el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, a partir del fracaso de las propuestas de acuerdo de pago a acreedores y tras denuncias de “vaciamiento”.
Contra esa resolución, dictada luego de dos décadas de iniciada la causa, la concursada presentó un recurso que fue rechazado por la Sala B de la Cámara, en concordancia con las observaciones formuladas por la fiscal y las sindicaturas que intervienen en la causa.
Mientras tanto, surgieron más evidencias de que Mauricio Macri intervino en el caso Correo Argentino mientras era presidente, algo que siempre negó. Las planillas de acceso a la Casa Rosada, a las que accedió El Destape a través de un pedido de acceso a la información pública, revelan una reunión de Pablo Clusellas, la mano jurídica de Macri, con la plana mayor de Correo Argentino: Roberto Leonardo Maffioli, la cabeza visible del grupo de empresas de los Macri; Jaime Kleidermacher, el abogado que interviene en la causa; y Jaime Cibilis Robirosa, presidente de la firma.
El encuentro se produjo justo cuando armaban la maniobra para la condonación de más de $ 70.000 millones. La causa penal donde se investiga este intento de desfalco al Estado lleva más de 4 años, pero el juez Ariel Lijo ni siquiera citó a indagatoria a Macri.
La reunión en la Casa Rosada entre Clusellas, Maffioli, Kleidermacher y Cibilis Robirosa fue el 4 de julio de 2016 y no fue anotado en el registro público de audiencias. Es una fecha clave: 6 días antes, el 28 de junio, se realizó la audiencia entre la familia Macri y el gobierno de Macri en la cual este último aceptó una propuesta de pago de la deuda que implicaba una quita de $ 70.163 millones, un 98,82 % sobre el total de lo adeudado desde el 2001.
Macri se contradijo varias veces respecto a su rol en esta estafa al Estado. En su libro “Primer Tiempo”, de hecho, dice que hasta febrero de 2017, cuando explotó este escándalo, no sabía nada del tema. Pero pocos párrafos después confiesa que cuando llegó a la Presidencia “sintió” que es “anormalidad tenía que terminarse” y les pidió a sus familiares que “hicieran un esfuerzo y llegaran a un acuerdo”. Luego de ese “esfuerzo” y de que “llegaran a un acuerdo” se hizo la reunión que revela El Destape.
En tanto, desde la accionista y principal controlante Socma sostuvieron que esa sociedad siempre colaboró para evitar la quiebra de Correo Argentino, que, afirmaron, “se mantiene” por sus aportes “desde que sus bienes fueran expoliados por el Estado Nacional, que actualmente continúa utilizándolos”, señalaron los representantes legales del Grupo Macri.
Además, plantearon que eran “erróneas” las estimaciones sobre el pasivo realizadas por la jueza Cirulli, y solicitaron que se aclaren cuáles eran las facultades de la concursada respecto del procedimiento de cramdown (salvataje).
Las accionistas pidieron medidas de prueba, pero la Sala B de la Cámara Comercial determinó que las mismas “resultan incompatibles con el examen de esta medida provisional, limitada a esta etapa acotada del procedimiento de cramdown y porque, además, la cuestión puede resolverse con las constancias obrantes” en la causa.
Boquin, a quien la concursada le atribuye “falacias” en sus dictámenes y a la que intentó sin éxito apartar del expediente, determinó que el Correo Argentino se benefició con un estado de ‘eterno’ concurso -la causa se inició en 2001- para suspender por más de 15 años el pago a sus acreedores, lo que implicó “perpetrar actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”.
A principios de mayo, la fiscal presentó un nuevo dictamen en el que puso el foco sobre la relación entre Correo Argentino SA y el banco austríaco Meinl Bank, entidad financiera a la que se quitó la licencia y es investigada por lavado de dinero, que aparece como acreedor en el proceso concursal, y remitió documentación a la Justicia penal.