El ex intendente de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, presentó en la Justicia una demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de Mar del Plata para que se le abonen las vacaciones no gozadas durante su último año de gestión.
El reclamo de Arroyo no es nuevo: primero lo formalizó ante el Municipio pero como el actual intendente de Juntos por el Cambio, Guillermo Montenegro, denegó su pedido por decreto en febrero, ahora resolvió judicializar el pedido.
Arroyo señaló que la decisión de la comuna fue “un acto administrativo viciado de legitimidad y arbitrariedad manifiestas” que afecta sus derechos “subjetivos y patrimoniales”.
Agregó que “el no goce en forma efectiva de la licencia por descanso anual no fue una decisión voluntaria para obtener un beneficio económico, sino la consecuencia necesaria de las exigencias de la función que impidieron por razones de servicio gozar en forma efectiva de ese beneficio”.
El decreto 246, firmado por Montenegro, precisó que la compensación planteada por el ex jefe comunal “se refiere a la licencia anual o por vacaciones correspondientes al último año calendario y que no fueron gozadas a causa del cese del agente, puesto que siendo la referida licencia de obligatorio cumplimiento, se pierde todo derecho a su uso vencido el plazo acordado por la ley a ese efecto, sin que la misma norma establezca compensación o indemnización sustitutiva”.
En ese sentido, la Subsecretaría Legal y Técnica había emitido un dictamen en el que sostenía que “no existe constancia de que Carlos Arroyo haya solicitado las licencias en cuestión”. Y agregó que, tras consultar el registro de normativa del Concejo Deliberante, “no surge acto administrativo alguno emanado de ese Cuerpo Legislativo autorizando licencias solicitadas por el ex intendente, como tampoco denegatorias por razones de servicio”.
Según cálculos de la administración de Montenegro, el monto de la licencia no gozada de Arroyo sería de alrededor de $ 1 millón más intereses, una suma difícil de afrontar para las arcas comunales que están en baja.
“Incurriríamos en un abuso desmedido si permitiéramos que los ex funcionarios dejen de gozar de sus licencias para luego cobrar indemnizaciones exorbitantes, causándole un perjuicio económico directo a cada uno de nuestros vecinos que abonan todos los emolumentos con el pago de sus impuestos”, alegó el municipio.