El Gobierno nacional denunció ante la Justicia al ex presidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión de Juntos por el Cambio –entre ellos sus ex ministros Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Jorge Faurie-, por el envío de “material represivo” a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
Según la demanda, para concretar ese objetivo, los entonces funcionarios llevaron adelante “una maniobra engañosa y premeditada” para disimular el envío de material bélico a los golpistas bolivianos, que luego utilizaron en las masacres conocidas como Sacaba y Senkata.
En ese contexto, la denuncia afirma que la administración macrista “contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto” y por eso, en principio, los acusan de ·contrabando agravado·, que incluye armas y municiones de guerra, “malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación”.
Antes de formalizar la denuncia, el presidente Alberto Fernández se refirió al tema en declaraciones a Radio 10, oportunidad en la que dijo: “Sentí mucha vergüenza que Argentina haya prestado armamento para reprimir a un pueblo que se levantaba contra un golpe de estado”.
Y enfatizó que “es un tema muy grave. La Argentina tiene una historia dura contra el golpismo. Desde el 83 aprendimos que no hay lugar para eso. Que se haya colaborado para reprimir una protesta contra un golpe me parece de una gravedad enorme”.
Asimismo, reveló una charla con Mauricio Macri en medio del golpe de Estado a Evo Morales en Bolivia. “Me daba vergüenza que me pidiera que reconozca el gobierno de facto de Jeanine Añez”, recordó sobre una conversación que mantuvo con su antecesor.
Y aseguró que “le pedí a Macri que le diera asilo a Evo y no quiso”. En tanto, mencionó cuál fue la devolución del ex mandatario ante su pedido: “Me dijo que era un problema de Bolivia y que no era para tanto. Entonces le dije a Evo que se fuera a México que cuando yo asumiera lo traía a Argentina”, reveló Fernández.
Mientras, los ex funcionarios macristas son acusados de eludir la participación del Congreso como entidad responsable de autorizar la salida de efectivos de la Gendarmería y del material bélico enviado con ellos, tal como lo establece la Constitución. Pero de haberse seguido este procedimiento hubiese salido a la luz la colaboración con el golpe.
Al mismo tiempo, los denunciantes afirman que la maniobra de ocultamiento implicó violar tratados internacionales como el de comercio de armas, que prohíbe el envío de material bélico a un Estado que viva una situación de conflictividad como que por esos días atravesaba Bolivia y, por lo tanto, lo que hizo Macri fue intervenir en asuntos internos de otro país.
Además de Macri, Bullrich, Aguad y Faurie, deberán responder ante la Justicia el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García, el ex director General de Aduanas, Diego Jorge Dávila, el ex director de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi; el entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero, Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística, y Carlos Miguel Recalde, Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.
Todos éstos participaron, según la denuncia, de “un hecho delictivo que consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
Entre los delitos que incluye la demanda, figura la violación de los artículos 219 y 220 del Código Penal. El primero se refiere a las penas de uno a seis años por realizar “actos materiales hostiles no aprobados por el gobierno”, y que pongan en peligro la paz de la Argentina. Estas penas pueden ser de 3 a 15 años si esos actos provocan una guerra.
En el caso del artículo 220, se determinan penas de seis meses a 2 años para el que viole tratados internacionales, treguas y armisticios. Las penas se incrementan si estos actos son cometidos por militares.