La resistencia de algunas personas a vacunarse contra el coronavirus, desató la polémica en las últimas horas, sobre todo a partir del planteo de la Unión Industrial (UIA), con la propuesta de dejar de pagarle el sueldo a quienes por este motivo no puedan reincorporarse a la presencialidad.
El actual escenario, tanto a nivel resoluciones oficiales sobre la vacunación y el empleo en la pandemia de la COVID 19, como en todo lo referente a cuestiones constitucionales, le ponen freno al reclamo del titular de la central fabril, Daniel Funes de Rioja, quien avisó que ese petitorio fue a manos del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.
“Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado (a trabajar), pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. Por lo tanto, entendemos que en esos casos cesa la dispensa y cesa la remuneración”, advirtió.
Además, en su idea de avanzar hacia un “entorno más propiciable” para retomar la presencialidad laboral, Funes de Rioja fue más tajante, y lanzó una amenaza: “No vacunarse tiene sus consecuencias”.
En el Gobierno y en los gremios leyeron la movida como un intento de instalar en la agenda una cuestión polémica con un trasfondo que es el centro: el malestar de sectores del empresariado con el mantenimiento del congelamiento de despidos y el régimen de doble indemnización. Eso hizo que salieran a plantear la situación de costos y de riesgo para la producción que generan los no vacunados.
En el Gobierno se refieren a la Resolución 4, elaborada entre los ministerios de Trabajo y Salud, en la cual se reconsidera la situación de regreso al trabajo de aquellos empleados que cuentan con una primera dosis de la vacuna. En el artículo cuarto de esa norma, que se publicó el 8 de abril de este año, se aborda la misma problemática que planteó la UIA, con una definición clara para el caso de los que, por cualquier razón, deciden no inocularse.
“Los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en los artículos 1 y 2 de la presente medida que tengan la posibilidad de acceder a la vacunación y opten por no vacunarse, deberán actuar de buena fe y llevar a cabo todo lo que esté a su alcance para paliar los perjuicios que su decisión pudiere originar a los empleadores y empleadoras”, explica el artículo referido. Allí, el Gobierno asegura que está zanjada la discusión, sobre todo en el marco de un país en el cual la vacunación es voluntaria.
Justamente, esta mañana salió a hablar sobre la cuestión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien remarcó que “la vacunación es optativa, no es obligatoria. Desde ahí no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas. No corresponde, no puede haber una política de sanción”, dijo en diálogo con radio La red.
Y agregó: “La Argentina es uno de los países que más viene vacunando en este tiempo; hay una gran aceptación por parte de la población. Por lo tanto, no puede haber una política de sanción vinculada a eso si la vacuna es optativa”.
En tanto, desde la CGT salieron a rechazar la propuesta: “Sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación. A través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica”, planteó la central obrera en un comunicado.
Tras destacar la necesidad de realizar “los mayores esfuerzos para lograr una vacunación masiva de los trabajadores”, rechazó “cualquier tipo de sanción que pueda imponerse sobre la relación laboral”.
Por su parte, el ex presidente de la UIA y actual diputado nacional Juan Ignacio De Mendiguren, dijo que la propuesta de la entidad de dejar de pagar el sueldo a empleados que no vayan a trabajar porque no quieren vacunarse contra el coronavirus “ayuda a acelerar” el proceso de inmunización.
En tal sentido, enfatizó que “se está proponiendo buscar un mecanismo que tiene que ver más con incentivar a la vacunación”.
Mientras, el presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, consideró que es el Estado quien tiene que regular sobre la vacunación y la vuelta al trabajo y no las empresas, como propuso la Unión Industrial Argentina.
De este modo, el empresario se diferenció del titular de la central fabril, quien llamó a las empresas industriales a impedir el ingreso de los empleados que rechacen vacunarse.
En este contexto, tampoco es fácil evaluar la validez de la decisión en cuanto a las cuestiones constitucionales. La abogada Natalia Salvo explicó en su cuenta de Twitter que el artículo 31 de la CN no le da al empleador potestad normativa en el marco del contrato de trabajo por encima del orden público laboral. Y afirmó que no se puede tornar obligatoria la vacunación si la ley no lo establece, agregando por último que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, según lo regido en el artículo 19 de la Constitución.
En Estados Unidos, por ejemplo, las grandes empresas exigen el certificado, entre ellos los bancos, las grandes corporaciones de comunicación y las petroleras. No se trata de una sugerencia sino de un requisito indispensable si no se quiere perder el trabajo. Algo que en la Argentina no podría suceder por la ley antidespidos, a no ser que el empleador entienda que se trata de una justa causa y se termine dirimiendo en el ámbito judicial.
En Europa la situación es distinta, por el tipo de legislación laboral. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron propuso el debate de una ley que habilite el despido de los trabajadores que se nieguen a vacunarse. Mientras tanto, solo pueden ir a los cines, teatros, restaurantes y bares y viajar en transporte público quienes cuenten con el pase sanitario.
El presidente francés lanzó un fuerte mensaje contra los antivacunas desde sus redes sociales. Subió un video a sus cuentas, en donde afirmó que las vacunas son la “única arma” para enfrentar una cuarta ola de la pandemia.