El Gobierno nacional amplió hoy la denuncia penal contra Mauricio Macri por el envío de armas y material represivo con destino a las fuerzas golpistas de Bolivia en noviembre de 2019, con el objetivo de apoyar el derrocamiento de Evo Morales.
Sabina Frederic, ministra de Seguridad; Mercedes Marcó del Pont, Administradora Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Martin Soria, Ministro de Justicia fueron los encargados de la presentación ante la Justicia, en la que incorporaron elementos para que se investigue el rol del ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurie, y el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo en la trama por el apoyo argentino al golpe contra Evo.
“El contrabando de armas a Bolivia fue ordenado y organizado en forma directa por las máximas autoridades del Gobierno Nacional, con el ex presidente Mauricio Macri a la cabeza”, sostiene la presentación.
En tal sentido, se apunta a los sucesos que tuvieron lugar el 12 de noviembre de 2019 en la Casa Rosada. Ese mismo día, al filo de la medianoche, partió el avión Hércules con el contingente de once gendarmes hacia La Paz con las municiones que iban a quedar en poder de la Policía y de la Fuerza Aérea de Bolivia.
Ese día se registraron, al menos, dos reuniones claves en la Casa de Gobierno. En primer lugar, Macri se reunió con Faurie. Después de ese encuentro, el entonces canciller envió una nota a los ministros de Seguridad y de Defensa para pedir que se enviara una comitiva de Gendarmería para proteger la embajada. Lo llamativo es que la nota nunca fue cargada al sistema que usa la administración pública.
Y no deja de resultar por lo menos singular la fecha del pedido de Faurie, teniendo en cuenta que, para entonces, ya era sabido que los gendarmes viajarían a La Paz e incluso el embajador Normando Álvarez García había tramitado las autorizaciones ante las autoridades bolivianas.
Cerca del mediodía, llegó la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y se encaminó hacia la oficina de Marcos Peña. Allí se realizó una reunión con la primera plana de Seguridad y de la que participó el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero. Cuando la reunión ya había comenzado, ingresó al despacho de Peña el ayudante de Órdenes de Otero, Ramón Domínguez.
A los minutos del ingreso de Domínguez, se hizo un nuevo pedido a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Lo firmó el director de Logística de la Gendarmería Rubén Yavorski. Pedía sacar – casualmente- las 70.000 balas antitumulto que terminaron en poder de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Policía del Estado plurinacional.
“No hubo jugadores sueltos ni actores aislados: la nota mediante la cual se incluyó en el Hércules C-130 el material contrabandeado fue firmada por Yavorski, pero fue ordenada por las máximas autoridades del Gobierno Nacional”, agregan Soria, Frederic y Marcó del Pont.
Los gendarmes llegaron al aeropuerto de El Alto en la madrugada del 13 de noviembre de 2019. Ese mismo día se repartieron las municiones. Según surge de un sumario de la Fuerza Aérea Boliviana, las 40.000 balas antitumulto que le dieron a esa fuerza quedaron en el hangar. A la Policía le entregaron 26.900 balas en la residencia argentina. Cuando los policías bolivianos pidieron detalles, les respondieron que el tema había sido acordado por los “altos mandos”.
Aún resta que se defina quién va a ser el juez que lleve adelante el trámite de la causa que se originó a partir de la denuncia del Gobierno del 12 de julio pasado. El juez Javier López Biscayart instruyó el expediente durante las primeras semanas, pero entendió que debía ser su colega Alejandro Catania quien lo continuara. Catania lo rechazó, por lo que la competencia debería resolverse en los próximos días.
En el expediente ya están imputados hasta ahora Macri, Bullrich, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el exembajador Álvarez García y el exjefe de Gendarmería Otero. Hay otros tres integrantes de esa fuerza a quienes el fiscal Claudio Navas Rial también pidió investigar: Yavorski (que tramitó la salida de las municiones), el exdirector de Operaciones Carlos Miguel Recalde y el exagregado en La Paz Adolfo Caliba. El gendarme Caliba es señalado por el gobierno de Bolivia como el enlace con la policía de ese Estado y como quien gestionó la entrega del material represivo a esa fuerza.