El Observatorio de Servicios Públicos de la Universidad Nacional de La Plata (OSP-UNLP) reveló que el gasto de los hogares en los servicios de gas y luz bajaron a la mitad en los últimos dos años.
El informe publicado hoy revela que una familia que percibía en junio de 2019 un Salario Mínimo, Vital y Móvil debía destinar un 22,4% al pago de las facturas de ambos servicios. En el mismo mes pero de 2021, un 12%. Y una familia a la que sólo le ingresaba una jubilación mínima en mayo de 2019 pasó de destinar un 26% a un 12,3%, en junio de 2021 para pagar ambos servicios.
Las facturas de esos servicios públicos registraron un amesetamiento entre fines de 2019 y el primer trimestre de 2021 producto del congelamiento tarifario dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2019. Ello sumado al rol de los programas de asistencia también desplegados a nivel federal tuvo un “efecto nodal”: posibilitó que en 2020 salieran de la indigencia y pobreza energética 2,8 millones de hogares, tal como lo evidencia el anterior informe del OSP-UNLP. En el caso del gas y contemplando la ampliación del Régimen de Zona Fría posibilita un alivio de un 30% en las facturas a partir de julio que alcanza el 50% para los hogares más vulnerables.
El informe destaca también una fenomenal asimetría entre la evolución de los ingresos de las familias y los ingresos de las empresas del sector energético. Mientras los ingresos familiares entre diciembre de 2015 y diciembre de 2020 se multiplicaron en promedio por 5,14 veces, los ingresos brutos de las distribuidoras de luz y gas lo hicieron por 21 y 10,4 veces, respectivamente, tomando un promedio ponderado. Eso se tradujo a su vez en extraordinarias ganancias en dólares. Entre los ejercicios 2016 y 2019, inclusive y tomando la cotización del Banco Central promedio anual tipo vendedor mayorista de la divisa estadounidense, Edenor acumuló utilidades netas por U$D 364,64 millones; Edesur por U$D 294,96 millones; Metrogas por U$D 537,51 millones; Naturgy Ban U$D 208 millones; y Camuzzi Gas Pampeana U$D 46,97 millones.
En el caso de las PyMEs el informe demuestra que, de forma similar a los hogares, padecieron una grave situación producto de los incrementos tarifarios ocurridos entre 2016 y 2019, cuyos efectos aún resultan ostensibles. En efecto, mientras los valores de las facturas de gas y de luz que este segmento productivo debió afrontar se multiplicaron por 44 y por 32 respectivamente en promedio, se produjo el cierre de 24.500 PyMEs y la pérdida de más de 126.000 puestos de trabajo en todo el país (AFIP-SIPA).