De manera previsible, después de la mudanza desde Lomas de Zamora a los tribunales de Comodoro Py, la causa en que se investiga el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri se encamina a ser declarada nula, al menos parcialmente.
Por ahora, todos los ojos están puestos en si la Cámara Federal refrendará los 38 procesamientos que tiempo atrás dictó el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, o si terminará hiriendo de muerte a la investigación, impactando de lleno en otros expedientes que tramitan en paralelo.
En la causa que investiga a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista por espiar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a dirigentes de Cambiemos, a sindicalistas, jueces y periodistas existe la certeza de que, si bien los 42 casos de espionaje ilegal existieron, no habrían sido parte de un plan sistemático del Estado, sino una iniciativa de espías cuentapropistas que respondían a algunos encumbrados funcionarios de inteligencia.
Esta es la hipótesis principal en la que trabajan los jueces de la Cámara Federal que revisan los procesamientos dictados sobre 38 personas, entre las que figuran los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a agentes del organismo de inteligencia –desde funcionarios encumbrados a otros sin jerarquía– y del Servicio Penitenciario Federal.
Los jueces que están trabajando en esta resolución son Eduardo Farah, quien votaría por confirmar los procesamientos, y Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, que como indicaría la lógica, por su pertenencia al macrismo, se inclinarían por declarar parcialmente nula causa y mandar a seguir investigando las maniobras.
Los procesamientos habían sido dictados por el juez Auge (quien tomó el caso luego de que Federico Villena fuera apartado del caso), en una investigación que impulsaron los fiscales Cecilia Incardona –bien posicionada en el concurso para integrar la misma Cámara Federal que ahora revisa su investigación– y Santiago Eyherabide.
La inteligencia ilegal no solo tuvo como objetivo a opositores como Cristina Kirchner, sino que incluyó a personas ligadas a Cambiemos, como Florencia Macri –hermana del ex presidente– y su pareja; el diputado Waldo Wolff; el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta; el ex vicejefe, Diego Santilli; el entonces presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó y el ex diputado Nicolás Massot, entre otros. También fue espiado y seguido en su casa el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon.
De esta manera, en las próximas semanas entonces se sabrá si la Cámara Federal sostiene los procesamientos que dictó Auge, en donde además de la cúpula de la AFI aparecen los espías conocidos como Súper Mario Bros y a la ex coordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, entre otros.
Los camaristas deben resolver también si mantienen fuera de la investigación al secretario privado de Macri, Darío Nieto, o si le piden al juez Marcelo Martínez de Giorgi –que se hizo cargo del expediente llegado de Lomas– que lo investigue.
Fuentes tribunalicias sostienen que hay una convicción en los jueces que intervienen en el caso de que no se está ante un plan del Estado para poner bajo vigilancia a propios y ajenos para una utilización política. Creen, en cambio, que la causa es una evidencia del descontrol del área de inteligencia durante el gobierno de Macri y del hecho de que un sector tan sensible haya caído en manos de personas sin un conocimiento específico, como Gustavo Arribas, amigo del ex presidente y hombre de su máxima confianza, pero vinculado hasta entonces con la representación de futbolistas.
No es el caso de Majdalani, quien sí tenía experiencia en los organismos de inteligencia y que aparece mencionada en los mensajes de Whatsapp de los espías procesados como la persona a quien reportaban sus novedades.
Sin embargo, entre los jueces prima la idea de que existió una falta de profesionalismo que hizo que la agencia de inteligencia se pusiera al servicio de cualquier negocio ligado con la política, una organización de agentes sin control que salieron a extorsionar a personas a las que vigilaban, sin control del poder político, al que debían reportar.