Con gestos desafiantes y provocadores, Mauricio Macri desde Miami no hace más que reflejar su desprecio hacia la Justicia, y literalmente se burla de la citación para declarar como imputado en la causa por el espionaje a familiares del submarino ARA San Juan, prevista para mañana.
En las últimas horas, el ex presidente fue retratado en el exclusivo restaurante Cipriani, junto al ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne y su primo, el empresario de la construcción Ángelo Calcaterra. La imagen se completa con otros dos hombres que no pudieron ser identificados.
Macri, distendido y disfrutando de su estadía en Estados Unidos, aprovecha que todavía no recibió ninguna notificación oficial para presentarse mañana ante el juez federal de Dolores Martín Bava: ayer, una comitiva de la Policía se presentó en el supuesto domicilio del ex mandatario aportado por la justicia electoral –ubicado en la Ciudad de Buenos Aires- pero se encontró con que ya no vive allí desde hace un año.
Ante ese escenario, el magistrado no solo le pidió a la Policía Federal que aporte un domicilio actualizado del ex presidente, sino que también se lo requirió a la Dirección Nacional de Migraciones,
Macri está imputado por haber ordenado y posibilitado la realización de tareas de inteligencia ilegal sistemáticas sobre quienes buscaban saber qué había pasado con sus seres queridos que conformaban la tripulación del submarino ARA San Juan, desaparecido el 15 de noviembre de 2017.
En el entorno del ex mandatario sostienen que no tiene previsto regresar al país antes de fin de mes, y aspiran a ganar tiempo después de que la citación para declarar lo sorprendiera al mientras paseaba por Miami.
La estrategia de Macri va a ser múltiple: su defensa apelará la prohibición de salida del país, recusará al juez Bava, pedirá nulidades y buscará retrasar la declaración indagatoria. “Va a pedir la postergación por su agenda de trabajo y por las elecciones”, anticipan cerca del ex jefe de Estado.
Bava entiende que Macri ordenó las tareas de espionaje que, desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), se realizaron sobre los familiares de los 44 tripulantes entre diciembre de 2017 y finales de 2018.
“Esas acciones buscaban influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento de dicho submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes”, detalló el magistrado.
Para el juez, lo sucedido con el submarino de la Armada Argentina fue el hecho que dominó la agenda política durante 2018 y eso explicaría por qué la AFI estuvo abocada a perseguir a los familiares que llevaban el reclamo. Los seguimientos se hacían, a entender del juez, porque “podían afectar a la gestión del entonces gobierno nacional” que encabezaba Macri.
El magistrado entiende que todo el accionar de la AFI obedeció a un sistema centralizado en cuyo vértice estaba Macri y que los agentes recababan información siguiendo lo que se conoce como el “ciclo de inteligencia”, donde establecen los objetivos que son prioritarios para el Poder Ejecutivo, por eso descarta literalmente el “cuentapropismo”, que es el argumento que invoca ante la Justicia Gustavo Arribas para despegarse del espionaje que se llevó adelante durante el período 2015-2019.
“Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu proprio realizaron este espionaje ilegal, sino por el contrario, partieron de un interés político nacional que, en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri”, resaltó Bava.