Como si fuera un castillo de naipes, una a una van cayendo las causas que, burdamente armadas por la siniestra mesa judicial del macrismo, tuvieron como objetivo una carrera persecutoria contra Cristina Kirchner en particular, y todo funcionario que haya pertenecido a su gobierno en general.
Y en ese armado direccionado, uno de los casos más resonantes fue el que tuvo como protagonista a la ex Procuradora Alejandra Gils Carbó, quien se vio obligada a renunciar a su cargo, en medio de la brutal embestida por una causa que nació a partir de una nota de Clarín, impulsada por Elisa Carrió, y que el fiscal José María Campagnoli tomó como bandera: las supuestas irregularidades en el alquiler de un edificio que se utilizaría para la nueva estructura operativa que preveía la reforma procesal penal.
Pero ahora, cuatro años después, el fiscal Eduardo Taiano y el juez federal Julián Ercolini tuvieron que reconocer que no había ningún delito probado. “Los resultados de las diligencias practicadas no permitieron corroborar las alegaciones formuladas por los denunciantes”, dice la resolución del juzgado que dispone el archivo de la causa.
Eduardo Casal fue quien asumió interinamente la Procuración (aunque todavía sigue firme en ese puesto), cuando Gils Carbó después de una licencia solicitada, no tuvo más alternativa que renunciar a su cargo, después de la salvaje presión que ejerció el macrismo para desplazarla, con la burda complicidad de los medios hegemónicos.
Ya en último tramo de tantas presiones, que se extendieron a lo largo de dos años –apenas asumió Mauricio Macri como presidente-, hasta se incluyó la difusión -desde la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia y el diario Clarín- del teléfono de la hija de Gils Carbó, que colapsó de insultos y amenazas.
En realidad, la embestida final contra la ex Procuradora se produjo a partir del procesamiento dictado por el juez Julián Ercolini por la compra de un edificio por parte de ese organismo. La operación se basó en una licitación que el juez consideró “direccionada”, por la que se pagó una comisión de siete millones de pesos. Pese a que fue la empresa dueña del inmueble y no la Procuración la que abonó esa comisión, Ercolini conjeturó que hubo un perjuicio a las arcas del Estado y procesó a la Procuradora por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, consideró “lógico” que Gils Carbó pida licencia “mientras resuelva su situación judicial” porque a partir del procesamiento “se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina”. “Es una cuestión básicamente institucional”, dijo.
“Ella tendría que renunciar si fuera una persona con un mínimo de vergüenza”, opinaba Elisa Carrió vía Facebook. “Ya se va a ir, no se preocupen. Pero no vamos a violar la Constitución. Lo importante no sólo es que se vayan, sino que se vayan por vía constitucional”, agregó la entonces diputada, consciente de que Cambiemos no contaba con los votos en Diputados para iniciarle un juicio político.
Por su parte, Laura Alonso, en ese momento titular de la Oficina Anticorrupción, escribió en Twitter que la situación de Gils Carbó “le hace más daño a la Justicia y al país”, y que “su mejor opción es renunciar”.
Las presiones públicas se complementaron con la difusión del teléfono de la hija de Gils Carbó, que el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte no tachó al difundir el procesamiento, y que ante su irresistible valor periodístico publicó el diario Clarín. La difusión derivó en amenazas e insultos contra la joven, que debió dar de baja la línea y analiza iniciar una demanda civil contra los responsables.
Finalmente, tras casi dos años de presión del gobierno nacional para forzar su salida, Gils Carbó renunció el 30 de octubre de 2017. Había asumido en agosto de 2012.
El archivo de esta causa se suma así a la inevitable caída de otras causas centralizadas en Cristina Kirchner, y que se fueron dando en los últimos tiempos.
La vicepresidenta fue sobreseída en las causas dólar-futuro, Memorándum con Irán y aquella por los documentos históricos, que incluía la carta del general José de San Martín que el líder ruso, Vladimir Putin, le había regalado a CFK.
– Causa dólar futuro: el Tribunal Oral ordenó una pericia con especialistas de la Corte Suprema. Ese estudio determinó que no hubo perjuicio para el Estado, y que ningún funcionario del gobierno de CFK se llevó dinero de esa operatoria. Por el contrario, los que hicieron plata fueron empresarios vinculados al macrismo, algunos de los cuales integraron luego el gobierno de Mauricio Macri.
– Causa por los documentos históricos: se determinó el origen de la carta de San Martín, la de O’Higgins y un prontuario de Hipólito Yrigoyen. Se acreditó que todos fueron regalos, por lo cual se desestimó que existiera algún robo de los documentos. La fiscal Alejandra Mangano propuso el sobreseimiento, el juez Marcelo Martínez de Giorgi lo convalidó y los documentos le fueron devueltos a Cristina, con el único requisito de que los inscriba en el Archivo General de la Nación.
– Memorándum con Irán: el Tribunal Oral número 8 determinó que no hubo delito en la firma del tratado, entre otras cosas porque nunca entró en vigencia, tal como lo había dicho originalmente el juez Daniel Rafecas. El fallo de todas maneras describió la gravedad institucional de las visitas a la Quinta de Olivos y a la Casa Rosada de los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en especial en momentos previos a la reapertura del expediente, que había sido archivado por Rafecas.