¿La tercera será la vencida? Mauricio Macri asegura que, esta vez sí, se presentará a declarar. Será este jueves al mediodía, y ahí se comprobará si dice la verdad o miente, tal su costumbre, y finalmente estará frente al juez federal de Dolores, Martín Bava, para referirse al presunto espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan.
Sin embargo, aunque éste es el primer expediente que lo llevará a responder como imputado, podría ser la punta del iceberg, teniendo en cuenta que se acumulan otras causas que preocupan al ex presidente: desde que dejó el poder, Macri ha ido sumando denuncias por espionaje, presiones a jueces u hostigamiento a empresarios mediáticos opositores, que se suman a las causas más antiguas vinculadas a los negocios familiares, como la de la deuda del Correo.
Precisamente, en las últimas horas el Gobierno presentó una demanda para que la quiebra de Correo Argentino se extienda a Socma y Sideco Americana, sus accionistas controlantes, las firmas desde las cuales la familia Macri controla el holding empresarial. La presentación la realizó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, como cabeza de los abogados del Estado. Es un paso clave ya que Correo Argentino es una empresa vaciada y sin fondos, y no puede afrontar sus multimillonarias deudas con el Estado y más de 700 acreedores.
Zannini recuerda que el fallo que decretó la quiebra de Correo dice que esa empresa “no tiene actividad comercial, se encuentra en una situación ruinosa”, que tiene “un desmesurado pasivo post concursal”, y que “tal crítica situación genera dudas razonables sobre su capacidad de pago”.
Lo más paradójico de toda esta situación, y que muestra hasta dónde es capaz de llevar su cinismo el ex mandatario, en su libro expresa: “Nuestro objetivo era mostrar que éramos distintos al kirchnerismo. Que, en lugar de presionar a los jueces para que no investiguen, hacía todo lo contrario: me presentaba, colaboraba, entregaba información, no criticaba en público al fiscal ni a los jueces”.
Sin embargo, lejos de mostrar esa postura en la práctica, respecto a la causa del ARA San Juan hizo todo lo contrario: buscó reactivar una denuncia contra el juez en el Consejo de la Magistratura, no se presentó en dos oportunidades, no colaboró, no entregó información y criticó en público al magistrado que busca saber si él dio las órdenes para que siguieran, fotografiaran e infiltraran a los familiares de los submarinistas.
En tanto, su abogado Pablo Lanusse representa a Macri en otras de las causas penales, como la del tráfico de armas a Bolivia para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales o la de las presiones a los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa.
Mientras, y como se sabe, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky son los dos jueces que con frecuencia se reunían con Macri durante su presidencia, mientras entendían en causas que le interesaban al entonces presidente y que tenían como imputada a Cristina Kirchner. La revelación de esas reuniones –inicialmente por una denuncia de Martín Soria y luego por una investigación del portal El Destape– dio lugar a una denuncia, que tramitan el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mángano. El objeto de la pesquisa es determinar si los encuentros sirvieron para que Macri ejerciera una influencia indebida sobre los dos camaristas.
La causa sobre las visitas de Hornos y Borinsky se desprendió de otro expediente que lo tiene a Macri imputado: el de la mesa judicial, donde se investigan las presiones sobre jueces, juezas y fiscales durante su gobierno.
Además, el ex presidente está denunciado en todas las presentaciones que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, por espionaje durante su gobierno, no solo en la de la vigilancia ilegal sobre los familiares. En paralelo a la causa de espionaje, en noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investigara la responsabilidad de Macri y de Aguad en el hundimiento del submarino.
Aguad fue indagado por el juez Ariel Lijo por el acuerdo perjudicial entre el Estado nacional –representado por el gobierno de Macri– y el Correo, la empresa familiar, que fue denunciado por la fiscala Gabriela Boquin. Lijo debería decidir si procesa a Aguad y compañía y avanza hacia Macri.
En los tribunales de Comodoro Py hay otras causas que muestran la dinámica de Macri a los dos lados del mostrador, como la de los Peajes –donde la Cámara Federal porteña confirmó el mes pasado la falta de mérito para Nicolás Dujovne, Guillermo Dietrich, Javier Iguacel y Bernardo Saravia Frías– y la de Parques Eólicos. En junio pasado, el fiscal Ramiro González también imputó a Macri por haber ocultado parte de su patrimonio después de una denuncia presentada por la Oficina Anticorrupción (OA).