El gobierno argentino insistió con un canje de deuda por acción climática en las reuniones del G20 en Roma y durante la cumbre de cambio climático en Glasgow, planteos que tuvieron eco en esos foros de la mano de la urgencia ambiental, la pandemia y la crisis de deuda de países medios y menos desarrollados.
La propuesta argentina no es nueva y la pandemia aceleró la discusión que se venía gestando a nivel mundial y era apoyada por el Papa Francisco; la gestión del presidente Alberto Fernández lleva meses insistiendo sobre el tema ante el G20 y cumbres medioambientales, pero las proclamaciones recientes permiten augurar una aceleración de nuevos mecanismos que podrían favorecer de algún modo las negociaciones de la Argentina para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Voceros del FMI indicaron que “los canjes de deuda por clima podrían ser un complemento útil de los instrumentos de financiamiento climático existentes, particularmente en países con deudas sostenibles pero con un espacio fiscal limitado”.
La Argentina fue uno de los primeros países que logró reestructurar su deuda privada durante la pandemia y hoy el “único problema de balanza de pagos que tiene es con el FMI”, según recordó esta semana el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos.
Los voceros del Fondo agregaron que, desde el FMI “apoyamos la creación de un entorno que permita que estos intercambios prosperen y alcancen una mayor escala; continuamos explorando ideas y esperamos que nuestras discusiones continúen en el próximo período”, indicaron sin más precisiones al ser consultados sobre los tiempos factibles para implementar estas medidas.
Hasta el momento en el FMI no hubo iniciativas de envergadura en este sentido, y sólo se conoce el antecedente en 2015 de las Islas Seychelles, que logró firmar un acuerdo único en el cual el FMI condonó su deuda externa de casi US$ 22 millones, a cambio de que el soberano haga acciones concretas para proteger sus océanos.
Esta semana, Fernández urgió a “crear mecanismos de pago por servicios ecosistémicos, canje de deuda por acción climática e instalar el concepto de deuda ambiental”, en su discurso ante la Sesión Plenaria de la Cumbre de Glasgow.
Al explicar su propuesta, el mandatario argentino señaló que “es necesario aplicar la emisión de los Derechos Especiales de Giro del Fondo Monetario Internacional a un gran pacto de solidaridad ambiental, que incluya a los países de bajos ingresos y renta media, y que sirva para extender los plazos de las deudas y la aplicación de menores tasas”.
La declaración de líderes de Roma del fin de semana apoyó estos planteos en el punto 10, que ya se vienen trabajando a nivel ministerial y fueron declamados también por los ministros de Finanzas que se reunieron durante la cumbre anual del FMI del mes pasado.
“Estamos trabajando en opciones viables para miembros con posiciones externas sólidas para magnificar significativamente su impacto mediante la canalización voluntaria de parte de los DEG asignados para ayudar a los países vulnerables, según a las leyes y regulaciones nacionales”, indicó el texto de Presidentes firmado en la capital italiana.
En el mismo punto se planteó también que “pedimos al FMI que establezca un nuevo Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad.(RST, por su siglas en inglés), en consonancia con su mandato, de proporcionar financiación asequible a largo plazo para ayudar a los países de bajos ingresos, incluidos los del continente africano, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países vulnerables de ingresos medios para reducir los riesgos para la estabilidad prospectiva de la balanza de pagos, incluidos los derivadas de las pandemias y el cambio climático”.
Brooking Istitution, un think tank de Washington consideró, en un reciente análisis, “que la creación del nuevo fondo de resiliencia” fue el anuncio más significativo dentro del comunicado del G20.
Agregaron que la creación de este fondo “recibió una respuesta tibia cuando se presentó al Directorio del FMI en julio; pero el respaldo del G20 significa que la iniciativa, que requerirá de US$ 30.000 millones a US$ 50.000 millones en fondos durante los próximos diez años, casi con certeza seguirá adelante”, consideraron al analizar el comunicado de ministros de octubre, que fue ratificado por los líderes en Roma.
En paralelo se creó una nueva Task Force compuesta por ONG y think tanks de universidades como Boston y Londres, y es apoyada por el grupo de países del G24, de países de ingresos medios, y el V20 de los países más vulnerables, que pregona que el FMI, al ser “la única institución multilateral basada en reglas encargada de promover la estabilidad del sistema financiero y monetario internacional a fin de permitir un crecimiento a largo plazo, tiene un papel central que desempeñar en la transición hacia una economía baja en carbono. y economía global resiliente”.
En la víspera de las cumbres mencionadas se emitió un reporte donde piden acciones urgentes y concretas en el FMI por tema deuda y cambio climático para la deuda multilateral, y hasta proponen una especie de Plan Brady del estilo de América Latina en los ’80 para canalizar bonos verdes a los privados, para países con problemas de sustentabilidad de la deuda privada.
Por último Carlos Soria, director de la ONG medioambiental Avaaz, presente en Glasgow, expresó que en el G20 “deben redoblar sus esfuerzos en los cambios sistémicos inmediatos que incluyan planes de acción climática reales que mantienen al mundo por debajo de 1,5 ° C de temperatura global; asegurar que las vacunas Covid sean accesibles para todos”, así como “mover los miles de millones dedicados a los subsidios a los combustibles fósiles dañinos en soluciones sostenibles; y cancelar la deuda soberana”.
Fuente: Tèlam