La Justicia llamó a prestar declaración testimonial a los gendarmes que integraron los dos últimos contingentes desplegados en Bolivia después de que el gobierno de Mauricio Macri enviara municiones y gases para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales.
De esta manera, los efectivos del grupo Alacrán serán los primeros testigos que presten declaración en sede judicial desde que en julio se abrió la investigación por el escándalo del envío de armas al vecino país.
Así lo dispuso el juez Alejandro Catania, quien estableció que las declaraciones testimoniales de los gendarmes tengan lugar entre febrero y marzo. Mientras tanto, el magistrado espera que el gobierno boliviano conteste el exhorto que envió meses atrás para reunir pruebas sobre el desvío de las municiones.
En Bolivia, se desplegaron tres contingentes del Grupo Alacrán entre noviembre de 2019 y junio de 2020. El primero fue el que transportó las 70 mil balas antitumulto que se repartieron, ese mismo día, entre la Fuerza Aérea Boliviana y la policía local. Ese contingente arribó en la madrugada del 13 de noviembre al aeropuerto de El Alto, el mismo lugar al que este lunes llegó el mismo Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con una donación de un millón de vacunas para reparar el envío de municiones que se habrían usado para la represión de las protestas del país hermano.
El segundo contingente arribó a La Paz el 10 de enero de 2020 y permaneció hasta el 29 de febrero. El tercero fue el que más tiempo estuvo porque lo sorprendió la pandemia. Esos gendarmes permanecieron hasta el 26 de junio de ese año, según la documentación de la Gendarmería.
La fuerza de seguridad no solo sacó las balas en noviembre de 2019 con el argumento de que serían usadas para proteger la embajada argentina y la casa del embajador, sino que también falseó los registros cuando los gendarmes regresaron al país. Entonces explicaron que las 70 mil balas habían sido usadas durante entrenamientos en La Paz.
Según declararon en el sumario interno que condujo la Gendarmería por indicación de la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, los alacranes nunca usaron las municiones de goma. La ex funcionaria fue una de las tres denunciantes del caso junto con el ministro de Justicia Martín Soria, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
En esa denuncia judicial se apunta a que el envío de Alacranes se utilizó para ocultar el suministro de pertrechos a las fuerzas represivas de Bolivia, que pudieron haber sido utilizados contra la población civil que en noviembre de 2019 protestaba en las calles de ese país.
En la causa están imputados por contrabando agravado, entre otros, el ex presidente Mauricio Macri, su ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, el ex canciller, Jorge Faurie, el ex embajador Normando Álvarez García, y el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, entre otros.
Macri se había mostrado preocupado por la declaración de los gendarmes cuando se inició la causa. Incluso, intentó frenar el sumario interno de la fuerza desde los tribunales. Sin embargo, no contó con el aval del juez Javier López Biscayart, que entonces estaba a cargo del expediente.
En tanto, el ex director de Ceremonial de la Cancillería de Bolivia, Renzo Antelo Fernández, pasará los próximos seis meses en prisión por haber autorizado ilegalmente el ingreso del contingente de gendarmes desde la Argentina que llevaron 70 mil balas de goma que terminaron en poder de las fuerzas que dieron el golpe contra Evo Morales.
El ex funcionario había sido detenido el miércoles por la policía boliviana y, en las últimas horas, el Juzgado Séptimo Cautelar de La Paz ordenó su detención preventiva. Así, Antelo Fernández se convierte en el primer funcionario detenido en Bolivia después de que en julio pasado estallara el escándalo por el envío de municiones por parte del gobierno de Mauricio Macri.