En medio de la agobiante ola de calor que se viene registrando durante esta semana, más de 20 mil usuarios de las empresas Edesur y Edenor permanecían hoy sin suministro de energía eléctrica en diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires y localidades del conurbano bonaerense.
Según un pormenorizado informe publicado en el portal ElDiarioAr, en base a datos del mercado eléctrico, las empresas de distribución de energía acumulan deudas por casi $ 300 mil millones, mientras piden por actualización de tarifas y retacean inversiones. Un tercio corresponde a Edenor y Edesur, las dos distribuidoras de electricidad del área metropolitana. El resultado: un servicio deficiente que le cuesta una fortuna en subsidios al Estado.
En julio último, el Gobierno nacional anunció un “acuerdo histórico” que iba a dar “sustentabilidad y previsibilidad” al sector eléctrico. En líneas generales, bajo el paraguas del Artículo 87 del Presupuesto 2021, el acuerdo permitía regularizar las deudas que las distribuidoras de energía eléctrica tienen en el mercado mayorista en un período de hasta cinco años con un semestre de gracia y una tasa de interés que es la mitad de la que se aplicaba para actualizaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
De esta manera, el Estado absorbía los costos a través de generosas reestructuraciones a las empresas deudoras y de créditos a las empresas cumplidoras (18 en total), bajo la promesa de inversiones. Sin embargo, no resultó como se esperaba. En el sector, coinciden en que se avanzó en acuerdos con distribuidoras de algunas provincias como Entre Ríos, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santa Fe y unas 25 cooperativas del interior de Buenos Aires. Pero el grueso todavía no cerró acuerdos, y continúa con la acumulación de deudas.
Ese acuerdo se rubricó con los números al 30 de septiembre del 2020, fecha en la que las distribuidoras debían a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A (Cammesa) unos $ 137 mil millones de pesos. En 15 meses, la deuda ascendió a $ 287 mil millones; es decir, aumentó en un 110%, más del doble.
Cammesa es una Sociedad Anónima administrada por el Estado y por representantes de las empresas del sector. Allí, se coordinan las operaciones de compra y venta en el mercado mayorista de electricidad. Las distribuidoras cobran a los usuarios y luego pagan por la energía mayorista a Cammesa, que a su vez es la encargada de pagar a las generadoras.
En septiembre, Edenor y Edesur eran las máximas deudoras, con $ 16 mil y $ 14 mil millones, respectivamente. Hoy, siguen en la cima de la tabla, pero con números abismales: Edesur debe $ 58 mil millones y Edenor, $ 50 mil millones, según un resumen al 9 de diciembre.
Siempre según el mismo documento, el 75 % de la deuda se reparte en apenas 10 empresas, casi todas privadas: las citadas Edenor y Edesur, con un pasivo de $ 108 mil millones (casi el 40 % del total de la deuda); la misionera Emsa, con un pasivo de $ 21,9 mil millones; la provincial chaqueña Secheep, con $ 19,5 mil millones; Eden, con $ 13 mil millones; Edelap, con $ 12,4 mil millones; la mendocina Edemsa, con $ 11,3 mil millones; Edea, con $ 11,1 mil millones; la riojana Edelar, con $ 9,8 mil millones, y la rionegrina Edersa, con $ 8,9 mil millones.
Edelap, Edea, Eden y Edes son las 4 grandes distribuidoras del interior de la provincia de Buenos Aires. En el rubro, se las conoce como “las 4 hermanas”, ya que todas pertenecen al Grupo Desa, de Rogelio Pagano. Entre todas, deben a Cammesa más de $ 40 mil millones y, en el último ejercicio, pagaron apenas el 35 % de la energía que compraron.
Por su parte, Edesur, de la multinacional italiana Enel, hizo lo propio, mientras que Edenor, del Grupo Vila-Manzano, pagó alrededor del 50 %. Se trata de dinero que se cobra a los usuarios, pero que no se paga en el mercado mayorista. No son las empresas generadoras de energía eléctrica las perjudicadas, ya que reciben su parte. Quien absorbe las diferencias es el Estado.
En tanto, y pese al 3 mil por ciento de aumentos que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri, las empresas del sector plantearon que no podían seguir pagando la energía que después vendían, producto del congelamiento tarifario implementado en el último año del gobierno macrista, en la previa de las elecciones nacionales, y en los dos de Alberto Fernández, en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19.
El Presupuesto 2021 destinaba 4.848 millones de dólares a la energía eléctrica (el 70 % del total de subsidios a la energía). Según estimaciones privadas la actualización efectiva de ese monto ascendería a 7.000 millones. El Gobierno anunció una suba de entre un 17 y un 20 % para 2022, y trabaja en un plan de reducción de subsidios.