La AFI entregó a la Justicia 105.000 audios de escuchas ilegales realizadas durante el macrismo

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entregó un escrito al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que le informó que a comienzos de la intervención del organismo se halló un sistema informático denominado “SIDEA” que recibía a través un enlace digital punto a punto interceptaciones telefónicas realizadas por la DAJUDECO, la oficina encargada del tema dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En total, se hallaron 105 mil registros (audio y sus respectivas transcripciones) de escuchas ilegales realizadas bajo la gestión del expresidente Mauricio Macri.

Caamaño arribó a los tribunales federales de Retiro para entrevistarse con el magistrado, quien quedó a cargo de la causa por “espionaje ilegal” que se tramitaba en Lomas de Zamora, y entregarle un escrito donde da cuenta de la existencia de estas escuchas y algunas de sus transcripciones, resguardadas en la sede de la AFI y que puso a su disposición.

“Vengo a decirle a Martínez De Giorgi que tenemos resguardadas 105.000 archivos de audios que corresponden a distintas situaciones y que no se destruyeron cuando fueron entregados a la Justicia”, explicó en declaraciones a la prensa a su llegada a Comodoro Py.

La funcionaria explicó que se trató de un sistema autorizado por el titular de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, imputado en la causa por espionaje ilegal, mediante el cual el organismo accedía de manera online a escuchas que eran realizadas por la DAJUDECO.

“Se trata de un dispositivo que se llama Sidea (Sistema de Administración), que creó la AFI macrista”, explicó, y sostuvo que la orden tuvo que haber sido dada por el ex presidente Mauricio Macri.

“Para mí la orden tenía que venir del Presidente; el objetivo era escuchar online” como parte del “espionaje ilegal”, indicó Caamaño.

El sistema ya había sido informado a la justicia federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido ni analizado. “Si bien a primera vista las interceptaciones podrían haber sido ordenadas por los jueces, el volumen da cuenta de que no se destruían una vez entregadas a la justicia y, más grave aún, se almacenaban conversaciones que en muchos casos no eran de interés para las investigaciones (deberían haber sido destruidas)”, señala el organismo a través de un comunicado en el que recuerda que las escuchas deben ser una medida excepcional y no una práctica habitual.

Una pequeña cantidad del volumen total de información coincide con las transcripciones de conversaciones entre detenidos y sus defensores interceptadas de un pabellón del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La metodología fue denunciada incluso ante el relator de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán: como parte de la investigación judicial contra Mario Segovia por narcotráfico y a pedido de la AFI, se interceptaron los teléfonos de un pabellón de Ezeiza.

Así, se grabaron las conversaciones de otros detenidos, por ejemplo con sus defensores, que nada tenían que ver con el objeto de esa causa. Y nunca se destruyeron. Esas transcripciones luego fueron publicadas en medios de comunicación con el objeto de “suavizar” el escándalo generado por el caso del espía y falso abogado Marcelo D’Alessio.