Fugadores de divisas: Cristina incomoda a un macrismo que no tendrá argumentos para defender un delito

Cristina Kirchner volvió a protagonizar una movida clave en el complejo tablero de ajedrez que es la política argentina, al impulsar un proyecto de Ley que apunta a que todos aquellos que tengan bienes en el exterior que no hayan sido declarados, realicen un aporte especial para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que se pueden llegar a recaudar más de 20 mil millones de dólares.

Como no podría ser de otra manera, esta nueva jugada de la vicepresidenta provocó un cimbronazo tal, que los medios hegemónicos y el macrismo de manera abroquelada, pusieran el grito en el cielo al denunciar, falsamente, que se trata de un nuevo impuesto.

Pero, al mismo tiempo, la nueva movida de CFK genera que quienes se opongan a esta iniciativa terminen quedando en una posición incómoda, porque votar en contra de esta idea, significaría estar a favor de un delito como es la evasión de divisas.

El proyecto “no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas”, ya que “solo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”. También serán alcanzados quienes hayan hecho un cambio de domicilio fiscal, “cuando el verdadero centro vital de intereses continúe siendo la República Argentina”.

El presidente Alberto Fernández, en tanto, apoyó la iniciativa. El mandatario compartió en su Twitter una publicación de la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en la que expresó que “el Gobierno Nacional valora la iniciativa del Bloque de Senadores que impulsa la creación de un aporte especial de emergencia para quienes tengan bienes en el exterior no declarados. Este Fondo, basado en un estricto sentido de justicia distributiva, contribuirá a la cancelación de la deuda tomada por Mauricio Macri”.

El proyecto, firmado por los senadores Anabel Fernández Sagasti; Oscar parrilli; Juliana Di Tullio; José Mayans y Martín Doñate, establece que a quienes alcance la medida, deberán realizar un aporte del 20 % de sus bienes no declarados y abonarlo en dólares. En el caso de declarar los bienes, pasados los seis meses de la entrada en vigencia de la ley la alícuota subirá al 35 %.

“Son dos proyectos, uno reforma la ley de entidades financieras para eliminar el secreto bancario y ampliar la facultad de la Comisión Bicameral de Deuda para que el Estado se pueda enterar quién, cómo, cuándo y dónde están los evasores. Con el segundo, en tanto, se crea el Fondo, que se basará en un fondo que se va a cobrar a todos los que tengan bienes activos en el exterior y no estén declarados”, indicaron desde el bloque oficialista.

Parrilli destacó que “no se tratará de un aporte especial a los ricos, sino a los evasores que llevaron la plata afuera sin pagar impuestos”. También comentó que hay más de 400 mil millones de dólares en guaridas fiscales y recordó que la Argentina es el tercer país que tiene más residentes con dinero en guaridas fiscales.

En los fundamentos del proyecto se indica que “las acciones propuestas tienen un profundo sentido de justicia social. Quienes contribuirán a fortalecer la soberanía económica de la Argentina son quienes más la han dañado vía la evasión y la fuga de capitales”.

El proyecto establece que habrá beneficios para quienes faciliten el hallazgo de bienes no declarados. “Podrán colaborar tanto las personas físicas como entidades bancarias, que serán liberadas de cualquier acuerdo de confidencialidad con el evasor. Los que ayuden a este fin serán premiados con hasta el 30 % de lo que se obtenga por la información aportada”, resaltaron.

Los argentinos tienen casi 420.000 millones de dólares en el exterior o al menos fuera del sistema financiero local, cuando el PBI de Argentina en el 2021 equivale a casi U$S 460 mil millones. De ellos, se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020.

Por su parte, la senadora Juliana Di Tullio aseguró esta mañana que con el proyecto presentado por su bloque en la Cámara alta para crear un fondo nacional con el dinero de la evasión fiscal, permitirá “recaudar alrededor de $70.000 millones de dólares” para aportar a saldar la deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El proyecto modifica quienes pueden levantar el secreto bursátil, de esta manera podemos verificar quienes son aquellos que sacaron divisas sin declararlas y les damos un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país”, explicó Di Tullio en declaraciones a Radio 10.

“Aquellos que evadieron son delincuentes, se les da un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que fugaron”, sostuvo la senadora. Por último, la funcionaria reiteró que aquellos que fugaron divisas “son delincuentes” y por lo tanto no entendería cómo se podría votar en contra del proyecto.

Otro efecto del proyecto fue el inmediato rechazo opositor, llamativo si se tiene en cuenta el objetivo de la iniciativa del oficialismo. “Es inaplicable. ¿Cómo van a gravar bienes que no están declarados? No ofrecen ninguna garantía para repatriarlos”, replicó el jefe de uno de los sub bloques radicales, Mario Negri.

Como vieron que estaba quedando en una posición muy complicada -prácticamente una defensa militante de evasores millonarios-, Juntos por el Cambio luego reelaboró su propuesta y planteó que el Frente de Todos apoye su proyecto de ley de extinción de dominio para recuperar supuestos fondos de la corrupción. Nada que ver una cosa con la otra.

Desde la oposición no tardaron en cuestionar el proyecto y salieron a intentar proteger a los evasores al decir “basta de impuestos”. Parrilli aclaró que “estamos abiertos a todos los aportes o sugerencias para mejorar el proyecto, no solo del Gobierno sino incluso de la oposición, siempre y cuando los planteos sean razonables”.

Desde la coalición macrista se consideró que el texto es “puro relato”, otro legislador lo notó como escrito “a las apuradas” y de momento no pareciera haber en el horizonte más que análisis o contrapropuestas, como la reflotada por Mario Negri para retomar la Extinción de Dominio. Por el lado legalista, cualquier legislación impositiva debería arrancar por Diputados y no por el Senado, algo de lo que se agarrarán para dilatar el tratamiento.

En esa incómoda posición de rechazar la iniciativa sin defender a fugadores o evasores, Juntos por el Cambio volvió a apegarse al reglamento y planteó la necesidad de iniciar el tratamiento en la Cámara Baja. “Cualquier aporte no voluntario es un impuesto”, dijo un diputado.

Ayer, Cristina Kirchner se reunió con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc R. Stanley, oportunidad en la que le pidió que ese país colabore con el proyecto.

“Además le solicité la colaboración de su país con el proyecto de ley que presentaron hoy los @Senadores_Todos para crear un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI, con recursos recuperados en el exterior del lavado y la evasión”, expresó Cristina Kirchner en su cuenta personal de Twitter.

Justamente, la iniciativa está inspirada en lo que dijo CFK el 10 de diciembre en Plaza de Mayo cuando habló de que esta deuda la tenían que pagar los que evadieron. En aquel entonces –durante el acto por el Día de la Democracia y los Ddhh junto a Fernández– la vicepresidenta dijo: “Ante las grandes adversidades, grandes acciones. Digámosle al Fondo que nos ayude. Se habla mucho de que a la Argentina le faltan dólares. No, los dólares de los argentinos se los llevaron afuera”.