El proyecto sobre los fugadores de divisas logra recuperar la confianza y la unidad del Frente de Todos

A pesar de que desde los grandes medios le buscan la vuelta para diluir su trascendencia y quedarse en la previsible crítica, el proyecto para pagar la deuda con el FMI con lo que se recaude de los fugadores de capitales, sirvió para mostrar al Frente de Todos nuevamente unido detrás de una iniciativa con una fuerte impronta política.

De esta manera, finalmente el Gobierno nacional encontró un punto de acuerdo hacia el interior de la coalición oficialista, logrando así atenuar las tensiones por las que venía atravesando.

Y por otra parte, el cimbronazo de la iniciativa fue tal, que la oposición -sobre todo Juntos por el Cambio- sorprendida, todavía intentaba justificar un rechazo que no sonara como una defensa de quienes están cometiendo un delito.

Cerca de Cristina Kirchner se muestran entusiasmados, al tomar el proyecto como un ejemplo de las buenas posibilidades que se abrían si en el oficialismo se trabajaban iniciativas en conjunto, volviendo sobre la idea de una “mesa chica” que potencie el debate entre los distintos sectores internos. “Estamos seguros de que el cien por ciento de nuestros votantes apoyan propuestas de este tipo”, afirmaban.

Al mismo tiempo, la iniciativa que apunta a crear un fondo para la cancelación de la deuda con el FMI logró, en menos de 24 horas, cambiar el eje de discusión en el frente económico y, también, al interior de la fuerza gobernante.

Por sus características políticas y económicas, pero también simbólicas, la propuesta de exigir “un aporte” a los titulares de bienes en el exterior no declarados para pagarle al organismo financiero, unifica el debate en torno a quiénes deben cargar con las consecuencias de esa deuda, y adónde se debe ir a buscarlos.

“Este proyecto es un hecho concreto. Son los primeros de una serie para acompañar al pueblo argentino y al Gobierno para poder crecer y para que no paguen los trabajadores”, adelantó la senadora Juliana Di Tullio.

“Que los fondos que se fugaron puedan volver a la Argentina es una tarea que debemos realizar”, dijo por su parte el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández.

A simple vista, por sus características anti establishment, la iniciativa no es del estilo que abraza el presidente, siempre invocando al diálogo y los acuerdos como vehículos imprescindibles para la resolución de conflictos. Sin embargo, desde la Casa Rosada aclaran que “no tenemos problemas con este proyecto”.

En el kirchnerismo imaginan un debate largo. A diferencia de los últimos proyectos, que debieron tratarse contra reloj, en este caso no había apuro. “Tiene varios aspectos técnicos que debatir y si hay que hacer algún cambio, se lo hará”, anticipaban en el bloque de senadores.

A diferencia de los cuestionamientos lanzados desde la oposición, aseguraban que no se trataba de un nuevo impuesto ni de un blanqueo. “Es una penalidad a quienes evaden y cometen un delito”, definían, por lo que consideraban ajustado a la normativa el inicio en la Cámara alta. Agregaban que en otros países existe, claro que lo recaudado va directo al Tesoro y no como aquí que se proyecta un fondo específico para el pago de la deuda.