La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo del caso Roe vs. Wade, la resolución histórica que en 1973 legalizó el derecho al aborto en todo el país.
La decisión de los magistrados, que deshace cincuenta años de derechos de las mujeres en territorio norteamericano y podría tener impacto global, sobrevino como respuesta al pedido del estado de Mississippi, que buscaba prohibir la IVE después de la semana 15 de gestación.
El giro conservador en derechos -que había sido anticipado en mayo de este año, cuando el portal norteamericano Político dio a conocer un borrador de la decisión- abre la puerta a que cada estado decida sobre el acceso de las ciudadanas a su derecho.
En algunos estados, las mujeres podrán acceder legalmente a la IVE; en otros, alrededor de la mitad, las leyes podrían endurecer las condiciones para la práctica o, directamente, prohibirla.
El gobierno del presidente Joe Biden viene trabajando a contrarreloj desde que el 3 de mayo se filtró el borrador de la decisión para lanzar una serie de medidas que, en la práctica, salvaguarde de la manera más amplia posible el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo.
Biden optaría por un paquete de órdenes ejecutivas (decretos) que irán desde eliminar las restricciones para acceder al aborto con medicamentos hasta preparar al Departamento de Justicia para que combata leyes estatales que penalizan los los viajes a otros estados para someterse a la práctica.
La alarma sobre la magnitud de la reacción social a partir del fallo final de la Corte Suprema es tal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en su último boletín, consideró que la decisión judicial representa un verdadero detonante para casos de terrorismo doméstico.