La Unidad de Información Financiera (UIF) anunció este lunes que pedirá la absolución de todos los acusados en el juicio por supuestas irregularidades con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 -en el que está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner-, al argumentar que “no hay certeza suficiente” para afirmar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita.
Los abogados del organismo -Leandro Ventura y Alejandro Irachet-. arrancaron diciendo que “la UIF debió desistir de esta acusación desde el principio porque en este caso no hay lavado de dinero, que es el objetivo del organismo. La UIF debió apartarse”.
“No se cuenta en el debate con el grado de certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios en las obras analizadas”, sostuvieron, al descartar una acusación por los delitos de defraudación y asociación ilícita, por lo que “sería irresponsable avanzar con la acusación”.
Durante su exposición ante el Tribunal Oral Federal 2, los letrados aludieron a un “estado de duda insuperable”, por lo cual anticiparon que pedirán la “absolución de todos los acusados (13 en total, incluida la entonces presidenta) respecto al tipo penal de administración fraudulenta”.
Al no poder “acreditarse la existencia de un fraude”, la querella puso en duda otro de los delitos que se ventilan en el juicio, la asociación ilícita. “Resulta imposible probar la existencia de una asociación criminal”, agregó el organismo. Asimismo, pidió descartar una pericia considerada “clave” sobre las obras cuestionadas por “inconsistencias y falta de claridad”. La querella anticipó que sólo dio por probados en algunos casos el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
En tanto, Cristina Kirchner se conectó de manera remota al Zoom del Tribunal para escuchar el inicio del alegato de la UIF, al igual que otros acusados como el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, el empresario Lázaro Báez, y el ex secretario de Obras Públicas, José López.
Desde la sede de Comodoro Py, el juez Jorge Gorini del TOF2 dio por abierta la primera audiencia de alegatos, tras comprobar que los 13 acusados estuvieran conectados con cámaras prendidas al juicio que, a raíz de la pandemia, se realiza de manera virtual desde agosto de 2020. El Tribunal está integrado por los jueces Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
En el juicio se debate si el acusado empresario Lázaro Báez resultó beneficiado de manera anómala con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas, y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.
Además de la vicepresidenta, Báez, De Vido y José López, otro de los acusados por supuesta asociación ilícita y defraudación es el ex director de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. También son juzgados ex funcionarios de Vialidad Nacional y de la delegación de Santa Cruz de ese organismo, entre ellos Carlos Kirchner, Mauricio Collareda y Abel Fatala.
Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en Santa Cruz, con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.
Ahora, la acusación quedará en manos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes ya les anticiparon a los medios alineados con el macrismo que apuntarán contra CFK y el resto de los imputados. No será tarea sencilla seguir manteniendo la acusación, teniendo en cuenta que en los tres años del juicio, a la ex presidenta ni siquiera la nombraron, y no hubo un solo testigo que la vinculara con algún delito.
Asimismo, durante la audiencia de hoy -que se extendió por dos horas y media- los abogados ratificaron lo señalado por una de las auditorías realizadas en tiempos del macrismo: “No se pagó nada que no se hubiera construido. La diferencia es muy menor, del 0,1 %”. Es decir que consideraron falso lo que se publicó en tapa tras tapa de los grandes medios, en cuanto a que las obras se realizaron con buena calidad, tuvieron los atrasos normales verificados en todas las provincias y no hubo ningún cobro que no tuviera certificados de obra que fueron controlados por los supervisores.
Las empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 81 esencialmente porque tenían el personal y la maquinaria en Santa Cruz, lo que lo ponía en condiciones de ofertar más bajo que otras empresas de distintas provincias que tenían que movilizar empleados y maquinarias a centenares y hasta más de mil kilómetros, además en condiciones climáticas muy difíciles, como los del suelo santacruceño.
CFK volvió a estar en el juicio después de que lo hizo en su comienzo, en mayo de 2019, para la lectura de la acusación y para su indagatoria. “Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia”, declaró el 2 de diciembre de 2019, pocos días antes de asumir como vicepresidenta.
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