Los escándalos en la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal no se detienen. En momentos en que el juez federal Ramos Padilla procesó a varios funcionarios del municipio de Maipú, donde “habrían robado” la elección a favor de Juntos por el Cambio con la retención de más de 300 DNI a la denuncia ante la Justicia por actos de corrupción contra el procurador bonaerense Julio Conte Grand.
En el día de ayer, la diputada provincial Susana González ratificó y amplió la denuncia que involucra a Conte Grand por diagramar un sistema de persecución y dar cobertura judicial a actos de corrupción del macrismo por US$ 95 millones en la provincia de Buenos Aires, un hombre puesto a dedo por la ex gobernadora para tapar todos los chanchullos de su gobierno.
En la ampliación de la denuncia de González, el caso compromete al ex interventor del Astillero Río, Daniel Capdevilla, a fiscales locales y a exespías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La investigación quedó delegada en la fiscal federal de La Plata María Laura Roteta.
La legisladora estructuró su ampliación, según contó El Destape, en un comprobante bancario del 4 de octubre de 2018 que daría cuenta de que Capdevilla realizó una transacción por más de mil millones de pesos desde una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad. Por ese ticket, la diputada realizó en 2019 un pedido de informes en la Legislatura bonaerense, entonces comandada por Juntos por el Cambio, que nunca prosperó.
“En la Solicitud de informes mencionada, hice expresa referencia a una noticia que se había hecho pública de forma reciente y a través de distintos medios periodísticos, en la que se comunicaba la aparición de un comprobante de transferencia bancaria emitido por el cajero nº 211108 del Banco Ciudad, ubicado en la calle Florida 302 de CABA, de fecha 4/10/18 y que pertenecía a la caja de ahorros nº 50175217083 cuyo titular era precisamente el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla. En dicho comprobante se informa una transacción millonaria que generó el asombro de todo aquel que tuvo conocimiento del exorbitante monto de la misma, a saber: mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos ($ 1000000066,65.)”, precisó la diputada.
Ese movimiento de dinero, interpreta la denunciante, tendría vinculación con la maniobra ilegal que denunció el 29 de junio pasada en sede penal, en la que apuntó a un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero”, señaló la denunciante.
Por tal motivo, en su reciente ampliación la legisladora solicitó que se pidan informes al Banco Ciudad y al Banco Central con el objetivo de que se determine de dónde provino el dinero que, supuestamente, ingresó a la cuenta Capdevilla. Pretende se esclarezca quién hizo esa transferencia y quien fue su receptor.
A su vez, un pasaje importante de la ampliación de denuncia estuvo dedicada a defender la cuestión federal de los hechos denunciados: “Mantengo mi postura, respecto que la presente investigación sea analizada en el fuero federal, no sólo por la conexidad con la denuncia principal, sino porque al entender de ésta diputada el delito que se denuncia quedaría comprendido en el lavado de activos”, señaló.
En su presentación original de hace 15 días, la diputada aseguró que durante el macrismo existió en territorio bonaerense “un plan de disciplinamiento y manipulación del sistema judicial, con objetivos concretos y claros: impunidad y persecución”.
De acuerdo la denunciante, está claro que durante la gestión de Juntos por el Cambio se conformó “un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo (nacional y provincial) que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales (otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión)”.
González centró su presentación de 39 páginas en Julio Conte Grand, quien el 27 de diciembre de 2016 pasó de ser secretario de Legal y Técnica de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, a jefe de los fiscales bonaerenses. En la denuncia se describe cómo el actual Procurador reestructuró el Ministerio Público provincial para centralizar bajo su dependencia directa todas las actuaciones disciplinarias seguidas a los fiscales bonaerenses. Así, premió a quienes le respondían en la persecución judicial de opositores y presionó a los díscolos.
“El disciplinamiento direccionado a proteger a funcionarios afines y perseguir a Agentes Fiscales independientes, se utilizó además para asegurar la impunidad de distintos hechos de corrupción”, remarcó la legisladora provincial.
Un pasaje central del escrito hace foco en un “hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero” Río Santiago.
González destacó cómo el fiscal a cargo de esa pesquisa, que respondía a Conte Grand, decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción enorme que comprometía a Cambiemos. La referencia es a “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, que se hicieron con aproximadamente 95 millones de dólares”.
Para la legisladora, desde la asunción de Conte Grand “se han realizado diversas actuaciones, con coordinación, planificación y estratégica temporalidad para llevar adelante una serie de actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción, perjudicar directivos y dirigentes gremiales del Astillero Rio Santiago, y disciplinar y perseguir a Agentes Fiscales que no seguían las órdenes del Procurador o los agentes de inteligencia federales, como procurar la impunidad de los Funcionarios de la Procuración denunciados (…)”. La denuncia condensa cómo Conte Grand manejó la Procuración bonaerense durante el gobierno de Vidal.
Asimismo, la presentación describe actos de “corrupción, los que podrían estar tipificados como malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita de todos los integrantes que a continuación se enuncian”, señaló la denunciante.
González afirmó ayer que venía a ratificar y ampliar la denuncia: “Vengo a ampliar la denuncia penal formulada el día 29 de junio de 2022 contra el ex Interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla y otros; por los hechos que se exponen a continuación, constitutivos prima facie del delito de malversación de fondos, fraude en perjuicio de la administración pública, exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias, asociación ilícita y lavado de activos”, sostuvo la legisladora en un escrito de 8 páginas.
El caso, que recayó en el juzgado federal Nº 1 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramo Padilla, fue delegado en la fiscalía comandada por Roteta.