A las tomas de escuelas secundarias que se vienen llevando a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, el Gobierno porteño respondió por la vía de la intimidación a las familias y la judicialización del conflicto: después de anunciar que había iniciado acciones penales contra padres del Mariano Acosta, el procedimiento se repitió en algunas otras escuelas tomadas, con notificaciones a las familias, inclusive a cargo de la Policía de la Ciudad, que anoche, en patrulleros, concurrieron a los domicilios particulares, según denunciaron familias de los estudiantes que protestan en los colegios.
Lo que refleja esta situación de amedrentar -con el claro fin de generar temor entre las familias de los alumnos que llevan adelante las tomas-, es la necesidad, por parte de Horacio Rodríguez Larreta, de mostrar la dureza que le reclaman Mauricio Macri y Patricia Bullrich. En definitiva, en lugar de apostar al diálogo, el jefe de Gobierno porteño prefiere seguir dirimiendo la interna de Juntos por el Cambio a través de una metodología más cercana a las siniestras prácticas de los grupos de tareas de la dictadura, que a un comportamiento en tiempos de democracia.
La titular de UTE Ctera, Angélica Graciano, denunció en las últimas horas que “la policía de Larreta está enviando efectivos a los domicilios de los y las estudiantes de las escuelas tomadas para notificar una imputación penal. Los alumnos reclaman mejores viandas y se manifiestan en contra las prácticas laborales obligatorias.
“Parece que la politóloga (en referencia a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña) niega la actividad política, no conoce la ley 26.061 y tampoco sabe del derecho a ser escuchado ¿Mandar policías a las casas de los jóvenes no será mucho?”, lanzó Graciano en las redes sociales.
La imputación es por el delito del artículo 60 del código contravencional de la ciudad de Buenos Aires. Este consiste en “ingresar o permanecer contra la voluntad del titular del derecho de admisión”. Según detalla “quien ingresa o permanece en lugares públicos, de acceso público o privado, contra la voluntad expresa de quien tiene el derecho de admisión es sancionado con uno a cinco días de trabajo o multa”.
En un hilo de Twitter, la abogada Graciana Peñafort señaló lo absurdo de estos ataques: “Para que prosperen las denuncias penales contra los padres de chicos, debe haber un delito tipificado. Y la verdad que un chico tome una escuela no está tipificado ni mucho menos, ya que no hay ley que permita someter a los padres de los chicos a un proceso penal”.
En otra inédita reacción, Acuña informó ayer que, a través de la Procuración General, “pedirá” a los padres del Acosta 1 millón y medio de pesos por día de toma. La noticia se extendió a un particular tarifario: la Ciudad reclamará $ 876.000 por día a los del Moreno; 820.410 a los de la escuela de Cerámica, 554.000 a los del Liceo 5; 291.000 a los del Pugliese; 377.585 a los del Claudia Falcone y 374.000 a los del García Lorca.
La extraña propuesta de “pasar la gorra” de Acuña fue justificada “con un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del ‘personal'” de cada escuela.
“El costo de las tomas lo pagan los chicos con días perdidos de clase y los ciudadanos que sostienen la educación pública con sus impuestos”, tuiteó anoche la ministra. “Son ellos quienes tendrán que asumir con su patrimonio el costo de los salarios por cada jornada escolar perdida. En la Ciudad queremos a nuestros estudiantes en las aulas y no estamos dispuestos a poner a cuenta de todos los ciudadanos el costo de escuelas cerradas a la fuerza”, fue el razonamiento. De los motivos de las protestas y la respuesta al pedido de diálogo, ni una palabra.
“Todo esto es legalmente inviable, pero opera como un claro amedrentamiento a las familias. Y sobre todo como un castigo ejemplificador, una advertencia a otras escuelas”, advierte la madre de un estudiante, quien sostuvo que “lo estamos viviendo con angustia e incertidumbre, más cuando estamos apoyando a nuestros hijos. Las de ellos, son en definitiva las voces que hay que escuchar, el maltrato a los padres es una provocación más para correr ese eje”.
Después de conocerse que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires les reclamará a los padres de los alumnos que tomaron las escuelas una suma millonaria por los costos generados, el diputado Leandro Santoro cruzó a Rodríguez Larreta por esta decisión.
“Hola, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué te parece si en lugar de cobrarles a los padres de los chicos de los colegios tomados les cobrás el canon atrasado a las grúas que hace 15 años se hacen millos con la que le sacan a los vecinos y a la ciudad no le entra ni un peso?”, lanzó el legislador del Frente de Todos.